En el desarrollo del evento “La Vigilancia como servicio público esencial en la contención el COVID-19” realizado por Las Empresas de Seguridad Privada.
Es importante resaltar que el gremio ofrece empleo a 375 mil hombres y mujeres y que durante la emergencia ha puesto a disposición 18 mil supervisores, 12 mil operadores tecnológicos y 4 mil vigilantes con operadores caninos ejerciendo sus labores en todo el territorio nacional.
Los efectos negativos que viven por cuenta de la emergencia sanitaria, no solo por los pagos atrasados que pone en riesgo a las empresas del sector, sino también por la compra de elementos de bioseguridad, además, de los pagos que vienen asumiendo por cuenta de las incapacidades que no asumen las EPS, efectos que vienen generando altos costos en materia de operatividad.
“Ante las circunstancias que vivimos, participamos de forma activa y positiva en el manteniendo del empleo, apoyando de manera firme a las autoridades en materia de seguridad y en la salud pública para la contención del COVID-19”.
El gremio solicitó en el marco del evento al Gobierno Nacional apoyo a la industria incluyéndolos en el paquete de beneficios y auxilios que hoy gozan otros sectores como los 350 mil pesos para el pago de las nóminas señalado en el decreto 677 de 2020, auxilio al cual no han podido tener acceso por no cumplir con el requisito en la disminución de 20% de los ingresos. José Saavedra, afirmó que “los gastos que hemos debido realizar por cuenta de las compras de los elementos de bioseguridad, es un gasto arrollador, incuantificable, donde esperamos que el Gobierno Nacional a través del Ministerio entre a corregir para que sean las ARL y EPS quienes nos ayuden apalear un poco estos gastos”
