El uso de tecnología en materia de seguridad ciudadana es una práctica cada vez más aceptada y utilizada en México. En el país se invierten elevadas sumas del presupuesto público en la adquisición de estos productos que se consideran “eficaces” y menos intrusivos, sin embargo, aún no se cuenta con evaluaciones que permitan conocer sus diferentes efectos, tanto positivos como negativos, y ni siquiera se conoce con certeza la prevalencia de este tipo de tecnologías.

Paralelamente, los hogares mexicanos ante la inseguridad y el temor a ser víctimas del delito recurren a diferentes medidas de protección entre las que se encuentra el uso de la tecnología. Existen diferentes motivos por los cuales las familias deciden invertir en medidas de protección para sus propios hogares. Al respecto, uno de los principales cuestionamientos es si se invierte en éstas como una medida preventiva, o como una medida reactiva cuando alguno de los miembros del hogar ha sido víctima del delito.

En el caso de la inversión que proviene de los particulares para proteger sus propios hogares, cuando la sociedad crea conciencia sobre los problemas de inseguridad que se manifiestan en su entorno, el instinto de protección a la familia es inminente e intenta resguardar el ámbito familiar. Este “instinto de protección” se manifiesta en los hogares mexicanos de diferentes formas.

En los hogares el miedo que las personas sienten a ser víctimas de la violencia o delincuencia es tal que se ven en la necesidad de hacer algo para protegerse individual y familiarmente. En algunos casos se trata de acciones que podrían calificarse como positivas, pero también hay algunas medidas que generan efectos negativos.

Una alarma es un mecanismo que es activado ante la presencia de riesgo o peligro para alertar a los vecinos, usuarios o incluso a la autoridad de una determinada zona. Existen diferentes tipos de alarmas, en la Ciudad de México, por ejemplo, se han instalado los “botones de auxilio” que se definen como “un intercomunicador de contacto directo con los C2, se ubican en los postes de diversas cámaras de videovigilancia y deben ser presionados por las y los ciudadanos que requieran el apoyo inmediato de algún servicio de emergencia. Quien presiona el botón es atendido y su reporte es canalizado de manera inmediata a los cuerpos de emergencia. En este caso las cámaras de videovigilancia y las alarmas están físicamente en el mismo espacio y a su vez conectadas a los Centros de Comando y Control.

También existen las alarmas vecinales financiadas con recursos públicos que se han instalado en los hogares con la autorización de los residentes y pueden ser activadas desde el interior de la vivienda para alertar situaciones de riesgo o peligro. En el caso de las cámaras de videovigilancia, numerosos equipos se han instalado con recursos públicos, pero solicitadas directamente por la ciudadanía a través del programa de presupuesto participativo que se ejerce en la Ciudad de México.

También existen cámaras y alarmas financiadas e instaladas directamente por los particulares. En algunos casos, la operación de éstas depende de un tercero, a quien se le paga por un servicio que incluye el monitoreo y eventual atención de las emergencias o peligros detectados a través de las imágenes de las cámaras o la activación de las alarmas.

Detrás del auge de la instalación de las cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, hay un profundo razonamiento teórico que explica la potencialidad de la videovigilancia como política pública para la reducción y prevención de la criminalidad, que proviene fundamentalmente del urbanismo.

La instalación de cámaras de videovigilancia y alarmas, aunque se coloquen al interior de los hogares, en la mayoría de los casos están dirigidas hacia la vía pública, vulnerando el derecho a la privacidad de los vecinos y transeúntes. Al respecto, es importante señalar que en México se ha hecho muy poco para regular la instalación de cámaras por parte de privados, lo que implica que los datos que son captados pueden ser usados por particulares para los fines que a ellos convengan y no existe una protección de las imágenes de las personas que son grabadas.

La inversión en cámaras de videovigilancia y alarmas no está entre las primeras opciones de protección para los hogares mexicanos. Entre las diferentes medidas de prevención que se indagaron en la ENVIPE 2017, destaca que en primer y segundo lugar se encuentran las medidas relacionadas con “cambiar, colocar o reforzar cerraduras y/o candados” y “cambiar o reforzar puertas o ventanas” que respectivamente representan 27.5% y 22.5% de los hogares. La instalación de alarmas y/o videocámaras de vigilancia se ubica en el sexto lugar con 3.5% después de otras medidas como “colocar o reforzar rejas o bardas”, “realizar acciones conjuntas con sus vecinos” o “comprar un perro guardián”.

Sin embargo, en comparación con otras opciones de prevención en los hogares, la instalación de alarmas y/o videocámaras de vigilancia registra porcentajes más elevados. Está por encima de medidas como “contratar vigilancia privada en la calle o colonia” o “contratar seguros” que implica un gasto permanente y sistemático para los hogares que en el tiempo puede ser mucho más alto que la inversión en una videocámara o alarma. De igual forma se observa que está por arriba de los hogares que decidieron “adquirir armas de fuego”, si bien el porcentaje de esta medida es de apenas 0.7% es preocupante, sobre todo por la gran cantidad de homicidios dolosos que se registran con arma de fuego.

En el caso particular de la Ciudad de México, que es la entidad en la que mayor porcentaje de hogares refiere haber invertido en cámaras de videovigilancia y alarmas, es importante enfatizar que esta demarcación fue la pionera en México en implementar con recursos públicos un programa de despliegue tecnológico en materia de  prevención del  delito. Concretamente en  2009 se inició el Proyecto Bicentenario Ciudad Segura cuyo objetivo se definió como “proveer sensores, comando, control y responder con las capacidades necesarias para intervenir masivamente en contra del crimen, así como mejorar la habilidad del gobierno de la Ciudad de México para responder eficiente y eficazmente a las crisis”.

Como parte del proyecto se consideró inicialmente la instalación de más de 8 mil STV´s, o sistemas tecnológicos de videovigilancia, conectados a una red primaria o anillo de fibra óptica implementada dentro del proyecto, usando los adelantos existentes en el mercado de las nuevas tecnologías de las comunicaciones y telecomunicaciones.

Actualmente, como parte de este proyecto, se han instalado en la vía pública de la Ciudad de México más de 15 mil cámaras de vigilancia, así como 6 mil instaladas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, con la finalidad de  prevenir y  alertar inmediatamente a las autoridades de seguridad y de emergencias capitalinas sobre cualquier situación de riesgo. Asimismo, con recursos del Presupuesto Participativo, más de 300 colonias de la ciudad decidieron implementar proyectos relacionados con la instalación o mantenimiento de cámaras de videovigilancia.

No obstante, de la implementación de medidas de prevención con el uso de tecnología que son financiadas con recursos públicos, la Ciudad de México ocupa el primer lugar a nivel nacional de hogares que decidieron invertir en cámaras de videovigilancia y alarmas. En suma, uno de cada diez hogares de la ciudad coincidió en esta decisión.

Por otra parte, la teoría de la victimización refiere que haber sido víctima del delito, o que una persona conocida haya sido víctima, incide en la sensación de inseguridad. Asimismo, se ha referido que una de las razones por las que en los hogares se invierte en medidas de protección es porque han sido víctimas del delito y lo que se pretende es reducir la probabilidad de volver a serlo, es decir es una reacción ante la victimización.

De acuerdo con los resultados de la ENVIPE 2017, en promedio el 28.8% de las personas en México fueron víctimas de al menos un delito, lo que equivale a aproximadamente a 24 millones de casos, en algunas entidades el porcentaje es mucho mayor, destacando el Estado de México con 47.6% de víctimas. Del total de las personas que fueron víctimas a nivel nacional, el 33.9% ocurrió en la casa.

Septiembre-octubre 2019