Por Manuel Sánchez Gómez-Merelo, Consultor Internacional de Seguridad. Miembro experto de la Comisión Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior

 

España.- Si un día al despertarnos observáramos que las empresas y profesionales de la seguridad privada dejaron sus puestos y misiones… las armas, la vigilancia, la protección de los bienes y personas… ¿qué pasaría? Pues, sencillamente, que tendríamos un caos de tamaño descomunal.

Un caos por la desaparición sin alternativa de una seguridad privada, donde en por ejemplo en España trabajan, según datos del Ministerio del Interior, más de 1,500 empresas acreditadas, con más de 100,000 profesionales habilitados, y en la que, sólo en el año 2011, se llegaron a realizar más de cuatrocientos mil contratos y más de un millón cien mil servicios, con un resultado en materia de colaboración de más de sesenta mil actuaciones o comunicaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre auxilios, colaboraciones, informaciones y detenidos.

Pero, más allá de unas cifras globales, y a modo simplemente de ejemplo, ¿cómo sería un día normal de actividad en un aeropuerto como el de Madrid donde trabajan más de 600 vigilantes de seguridad, o en el Metro de Barcelona y Madrid donde desarrollan su actividad más de 600 y 1,500 vigilantes de seguridad, respectivamente?

¿Qué pasaría en una Central Nuclear donde hay habitualmente más de 70 vigilantes de seguridad? ¿Y en los centros comerciales, áreas industriales, polvorines, transporte público, etc.? ¿Cómo se gestionarían grandes eventos culturales o deportivos donde pueden llegar a trabajar más de 500 vigilantes de seguridad en uno solo de ellos?

Igualmente ¿cómo se desarrollarían los más de 9,000 servicios anuales de transporte y custodia de dinero y valores o los más 1,600 transportes de explosivos?, ¿Cómo se realizaría el control y la gestión de más de un millón y medio de sistemas de alarma monitorizados por las centrales de alarmas privadas que generan en conjunto más de 200,000 señales de alarmas falsas o no deseadas?, ¿Quién efectuaría el  acompañamiento y protección de personas determinadas? O ¿quién protegería nuestros pesqueros que están faenando en el Océano Índico?

En todo caso, se incrementarían los riesgos de actos violentos, robos, atracos, agresiones, vandalismo, o incluso podría colapsarse la actividad normal en donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podrían ni deberían estar presentes. Y no podrían principalmente porque no poseemos esos recursos, y, sobre todo, no deberían porque, en la mayoría de los casos, son actividades privadas, incluso con ánimo de lucro, en las que no procede poner a disposición esos recursos públicos para nada que vaya más allá de su misión superior de garantizar la seguridad ciudadana.

A modo de conclusiones

Es evidente que la sociedad depende de la Seguridad Privada como auxiliar y complementaria de la Seguridad Pública. Su misión, especialmente preventiva, abarca todas aquellas actividades que precisan seguridad preventiva, como son principalmente las infraestructuras de transporte, industriales o comerciales, o, caso especial, el correspondiente a la  mayoría de las infraestructuras críticas o estratégicas del país,  en las que su seguridad interna y de funcionamiento debe ser costeada por sus propios operadores. Actividad y competencia aparte tendrán los recursos de Seguridad Pública para garantizar la Seguridad Ciudadana de los entornos correspondientes.

Finalmente, no se hagan lío los que piensen que la especialización y el crecimiento paralelo de la seguridad privada es una forma de privatización de la seguridad pública. El normal desarrollo de la sociedad, presenta nuevas complejidades, retos y demandas que sólo se puede afrontar correctamente con soluciones nuevas y cooperativas. No es eficiente plantear que sea la Seguridad Pública la que preste atención a este vastísimo campo de especialización, sino que los nuevos desafíos han de contar con un sector privado reforzado, bien formado y dotado de medios específicos para realizar su complementaria labor de la mejor manera posible y con la mejor capacitación.

En este sentido, hay un importante capítulo aparte aún nada debatido, y merece la pena subrayar que, para el normal desarrollo de la Seguridad Privada, es imprescindible también una revisión y ampliación rigurosa de los programas de formación básica y de especialización, de todos los niveles profesionales del sector, en lógico acercamiento a los niveles de capacitación que son exigidos en la Seguridad Pública. El incremento de formación y capacitación profesional es una asignatura pendiente imprescindible de modificar y aprobar.

Hay que insistir en un concepto muy básico a tener en cuenta, como es que la Seguridad Humana en general, y la Seguridad Ciudadana en particular, requieren del concurso y cooperación de la Seguridad Pública más la Seguridad Privada, logrando pasar de la simple “acción preventiva” al “compromiso preventivo coordinado”, con una seguridad única que aporte sinergias, y sobre la base de los nuevos recursos implantados y en desarrollo, dentro de redes y planes específicos de la Policía y Guardia Civil , arbitrados por el Ministerio del Interior, de quien depende finalmente la regulación y control centralizado de toda la seguridad, incluida la privada.

 

Noviembre-diciembre 2019