Están en riesgo de quedarse sin el REPSE porque se enfrentan a una sobrerregulación imposible de cumplir.
En el estado de Chihuahua cuatro de cada diez empresas de seguridad privada carecen de permisos para operar, debido a los inalcanzables requisitos que pide la autoridad del estado y los altos costos, de acuerdo con el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), Raúl Sapién Santos.
Asimismo señaló que aunque la entrada en vigor de la reforma laboral para eliminar el outsourcing se prorrogó hasta el 1 de septiembre, unas 3 mil 500 empresas de seguridad privada en el país, que actualmente no son fiscalizables, están en riesgo de quedarse sin el Registro como Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), porque se enfrentan a una sobrerregulación imposible de cumplir.
Por lo anterior, según datos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en 2019 se regularon 185 empresas, se certificó a mil 452 guardias y 253 vigilantes vehiculares, mientras que hasta enero de 2020 se encontró que 54 compañías operaban sin estar reguladas como empresas de seguridad, pues no aparecían en el listado del Departamento de Seguridad Privada estatal.
“No es que los empresarios del sector no quieran cumplir con la normatividad, sino que existe un cúmulo de leyes en materia de seguridad privada incumplibles porque son asimétricas entre sí. Tenemos una ley de carácter federal, 32 de carácter estatal y otras de carácter municipal. Esa asimetría jurídica genera problemas legales al sector, que se traducen en un incremento de empresas que operan al margen de la Ley, a las que comúnmente se les conoce como empresas patito”, señaló el presidente del CNSP.
Agregó que actualmente existen unas 6 mil empresas de seguridad privada que generan el 1.4 por ciento del PIB del país y dan empleo a unos 500 mil elementos, sin embargo, el 56 por ciento de ellas, operan de forma ilegal porque no pagan impuestos ni brindan seguridad social a sus empleados.
En esa tesitura, la prórroga del 1 de agosto al 1 de septiembre realizada por los legisladores es insuficiente para que las empresas logren regularizarse, ya que de 4.5 millones de mexicanos que se estima están subcontratados, unos 3 millones no habían sido migrados, por lo que corren el riesgo de caer en el desempleo. En tanto, según la Coparmex, 400 mil empresas utilizan el esquema de outsourcing, de las cuales, hasta hace unos días, faltaban 387 mil 500 por registrarse.
