Altos costos y numerosos requisitos las mantienen en la irregularidad: CNSP
Por Bernardo Islas
En el estado de Chihuahua cuatro de cada diez empresas de seguridad privada carecen de permisos para operar, debido a los inalcanzables requisitos que pide la autoridad del estado y los altos costos, comentó el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, A.C. (CNSP), Raúl Sapien Santos. Asimismo, señaló que debido a la ausencia de una Ley que regule la Seguridad Privada de manera homologada a nivel nacional, se carece de un banco real de cuántas empresas de este tipo hay en el país; sin embargo, se estima que son 6 mil, de estas 2 mil 900 son irregulares, mil 300 son de registro federal y el resto operan con permisos estatales.
Dijo que a la falta de una homologación de las legislaciones de los estados con la federal, quienes cuentan con sus propios ordenamientos legales en la materia, en las cuales tienen ciertos requisitos no accesibles, provocando de esta manera la corrupción y el nacimiento de empresas “patitos”.
En este contexto, la Comisión Estatal de Seguridad Pública reguló en el estado de Chihuahua durante el año 2019 a 185 empresas, además certificó a mil 452 guardias y 253 vigilantes vehiculares, quienes ya se encuentran adheridos a la base nacional.
La regulación de este tipo de empresas consiste en la verificación del personal que labora como guardia de seguridad, la revisión de sus antecedentes policiacos y penales, así como la vigilancia de que cuenten con las certificaciones, capacitaciones y permisos correspondientes.
También se verifica si cuentan con armamento y/o equipo asignado, al cumplir con todo lo estipulado en la Ley de Seguridad Privada vigente para el Estado de Chihuahua, se les hace entrega de un Tarjetón Oficial, el cual avala su correcto registro ante el Departamento de Seguridad Privada de la Comisión Estatal de Seguridad.
Sapien Santos mencionó que el CNSP de la mano de sus consejeros y asociados coadyuvaron de manera sumamente activa en la creación de la primera “Ley Federal de Seguridad Privada”, la cual se emitió en el año 2006, creando un marco legal, cuya principal misión fue dotar de certeza jurídica a este importante sector como lo es la seguridad privada, el cual ha permitido generar y contribuir al desarrollo económico del país.
Además dijo que uno de los grandes retos por parte del Consejo Nacional de Seguridad Privada es seguir dotando de certeza jurídica, no sólo a sus consejeros y afiliados, si no a todo el sector de la seguridad privada.
Por lo cual, este trabajo que han realizado entre diversas asociaciones y empresarios coadyuvando con autoridades, legisladores, confederaciones, ya rindió sus primeros frutos, debido a que el pasado 4 de diciembre la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron una Reforma Constitucional en cuanto a la Seguridad Social y el siguiente paso es crear un nuevo cuerpo normativo denominado “Ley General de Seguridad Privada”, que dotará de un beneficio para el país, la sociedad y al sector de seguridad privada. Finalmente aclaró que con esta normatividad los estados tendrán que homologarse y así evitar la proliferación de empresas “patitos”, las cuales actualmente son una carga para las entidades debido que a los empleados no les otorgan sueldos conforme a su trabajo, no cuentan con servicios de seguridad social ni de salud, lo cual vendría a cambiar.
ADVIERTEN SOBRE EMPRESAS COYOTES
Mora Velázquez, hizo un llamado a las nuevas administraciones para que no se dejen sorprender.
Por Verónica Angeles
César Román Mora Velázquez, titular de la Secretaría de la Contraloría, hizo un llamado a las nuevas administraciones para que no se dejen sorprender por empresas que les prometen que pueden bajar recursos o contratar servicios, ya que podrían incurrir en observaciones de tipo administrativas o fiscales.
A un día que entren en funciones los nuevos ayuntamientos, el funcionario advirtió que actualmente ha cambiado mucho la ley y se ha dado un gran avance en el combate a la corrupción “que no piensen qué pueden hacer como antes le hacían”.
En este sentido, recordó que en primera la ley establece perfiles para los cargos de algunos funcionarios y deben ser respetados, ello con el objeto de que “realmente tengan las capacidades técnicas suficientes” para llevar a cabo el trabajo que se les encomienda.
“Antes teníamos autoridades que ocupaban cargos como tesorero y que contaban con una licenciatura en Informática o bien licenciatura trunca”, ahora eso ya no puede ser.
César Mora reiteró la advertencia a las administraciones 2020-2024, para que se cuiden “de todas aquellas empresas que dicen que pueden bajar recursos, autorizar recursos, que pueden subcontratar luminarias, que pueden arrendar, que pueden extenderse más allá del período constitucional”, expresó.
