Por lo menos 200 mil empresas de seguridad privada se encuentran al margen de la ley en el país, ofreciendo sus servicios con personal que pudiera tener antecedentes penales, que no cumplen con sus obligaciones fiscales ni de prestaciones sociales con sus trabajadores.
En gran parte, se debe a la poca claridad de la Ley Nacional de Seguridad Privada que data de 2006, aunada a 32 leyes, es decir, que en cada entidad federativa existe una, pero con diferentes criterios de normatividad en la aplicación de la ley.
En entrevista para Grupo Cantón, el Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), Raúl Sapién Santos, anunció que la 4-T a nivel de Gobierno y legislativo ha sido sensible a la propuesta de modernización de la Ley que presentaron, por lo que manifestó su confianza de que en el próximo periodo ordinario de sesiones se elabore una nueva que haga que todas las empresas transiten a la legalidad.
“La Ley Federal en materia de Seguridad Privada es de 2006, pero las condiciones sociales y de inseguridad han cambiado actualmente, por lo que dicha legislación se encuentra rebasada”.
Sapién Santos explicó que con la Ley Nacional de Seguridad Privada se busca generar un cuerpo homologado, con un solo criterio de carácter nacional, en donde exista una coordinación entre la federación y los estados y que dé pie a un registro nacional de empresas de seguridad privada, así como de los elementos que se dedican a realizar este tipo de servicios, a los que se les daría un número, se conocería con precisión quiénes cuentan con antecedentes penales y de esa forma contaría la parte patronal con certeza jurídica y también los servicios que ofrezca a terceros.
Se estima que en el territorio nacional, operan entre 6 mil y 7 mil 500 empresas de Seguridad Privada, de las cuales sólo 2 mil o 3 mil tienen un permiso federal, las demás sólo pueden operar de forma estatal, sin embargo, existen otras 200 mil que no cumplen con ninguna regulación.
“De ahí la importancia de que exista una nueva Ley de Seguridad Privada en el país”.
Con un nuevo marco legal, las empresas que operan hoy en día fuera de la ley, explicó Sapién, contarían con todas las facilidades para regularizarse.
Recordó que actualmente el sector de la seguridad privada está luchando por generar un interés común, brindar mayores beneficios a la sociedad, porque la mayor preocupación de todas y todos los mexicanos es recuperar la percepción de la seguridad.
Según el Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, este sector está conformado por 150 empresas, las cuales dan trabajo a 200 mil mexicanos y genera un 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Aceptó que de hacerse realidad la nueva ley en materia de seguridad privada, el Gobierno podría contar como aliado del sector privado de la seguridad, pues existiría intercambio de información y de tecnología de punta.
