La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió al Congreso que tras un retraso de siete meses, es urgente expedir la ley General de Seguridad Privada para que exista une regulación efectiva y adecuada de este tipo de empresas, así como el desarrollo de un registro nacional de empresas del ramo.
Tras un retraso de siete meses, es urgente que el Congreso de la Unión expida la Ley General de Seguridad Privada para coadyuvar con la seguridad privada y evite la proliferación de empresas fantasma, pugnó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El organismo empresarial que dirige José Medina Mora, dijo que el plazo máximo para expedir la ley venció el pasado 25 de noviembre del 2021, y es de suma importancia que se ponga en vigencia puesto que pretende regular la seguridad privada en tres aspectos: la homologación de un permiso único a nivel nacional para crear un registro nacional de las empresas que prestan el servicio en uno o varios estados, establecer la distribución de competencias que tendrán la federación, los estados y los municipios en la materia y las sanciones tanto para empresas como para usuarios que contraten empresas que no cuenten con la autorización correspondiente.
A través de un comunicado, la Coparmex estableció que es apremiante realizar el registro nacional de empresas de seguridad privada, ya que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), son coadyuvantes en la seguridad pública.
“En Coparmex nos preocupa la profesionalización y regulación de las empresas de seguridad privada y además, estamos interesados en que este sector incorpore en sus procesos mejores prácticas que beneficien a todos los mexicanos, por ello, urgimos a que se expida la Ley de Seguridad Privada para así contar con la regulación secundaria que haga realidad el texto constitucional”, aseguró.
Para el sector empresarial resulta fundamental que se expida la Ley de seguridad privada para que exista una efectiva y adecuada regulación y se lleve a cabo el registro nacional de empresas del ramo, pues actualmente solo se realiza cuando una empresa tiene actividad en dos o más entidades, pero cuando labora solo en una, solo tiene la obligación de llevar a cabo su inscripción ante la entidad federativa en la que presta el servicio.
Recordó que la última década, la realidad social y de seguridad pública rebasó la obligación constitucional del Estado Mexicano, lo que dio pie a la proliferación de empresas de seguridad privada, con todo tipo de distorsiones en la actividad de un sector que representa a más de 8,000 empresas, emplea a más de 600,000 colaboradores, y representa aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto (PIB).
Frente a esta situación, el 11 de marzo de 2021 se aprobó una iniciativa de reforma constitucional al artículo 73 para efecto de facultar al Congreso de la Unión para legislar y expedir la Ley General de Seguridad Privada, cuyo ordenamiento fue publicado el 28 de mayo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, tras el visto bueno de la mayoría de los congresos locales, como lo dicta la ley.
Por este motivo expresado por el máximo órgano del Poder Judicial y las razones antes mencionadas —expuso la Coparmex— resulta indispensable contar con un marco jurídico adecuado para el mejor desarrollo de este sector.
La Ley General de Seguridad Privada dotará de mayores herramientas de coordinación, seguimiento y control a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, en favor de los ciudadanos.
