Más de la tercera parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública tomará en cuenta el fortalecimiento de las capacidades institucionales, además de la depuración del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Por Rubén Mosso
El Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó privilegiar los resultados e incluyó esa variable en la fórmula para distribuir los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para estados y municipios en 2020.
Más de la tercera parte -37 por ciento- de los 7 mil 443 millones 986 mil pesos para el FASP, tomará en cuenta el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales, seguido con 15 por ciento por el cumplimiento de los indicadores en la depuración del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, la disminución de la incidencia delictiva representa el 10 por ciento.
Le siguen con 15 por ciento, cada uno, los criterios denominados “tamaño del problema”, “sistema penitenciario, “compensación”, “monto base” y “población”.
Durante la sesión también se aprobaron los Ejes Estratégicos, Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional vinculados al ejercicio del fondo, subsidios y demás recursos de carácter federal que se otorguen a las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de seguridad pública.
Asimismo, los informes de las entidades federativas, para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales en términos del artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución, en materia de la Guardia Nacional.
Se designó a los nuevos Invitados Permanentes de la Sociedad Civil a este órgano colegiado, quedando como titulares: Mark Fastlicht Sackler, Jorge Luis Contreras Fornelli, Alejandro Joaquín Martí García, Avital Saskia Niño de Rivera Cover y Juan Manuel Hernández Niebla.
También acordaron instruir a las instituciones de los tres niveles de gobierno para que en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el SESNSP realicen todas las acciones necesarias para la implementación y operación del Registro Nacional de Detenciones para los delitos del fuero común y faltas administrativas, de conformidad con los plazos establecidos en la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
Las entidades federativas se comprometieron a colaborar con la SSPC, sus órganos desconcentrados y el SESNSP, a través del Centro Nacional de Información, en promover campañas para incentivar la denuncia ciudadana de todos los delitos de extorsión que ocurren en el país; así como informar al Centro Nacional de Información, de manera mensual, todos los números telefónicos que los ciudadanos hayan reportado como probable origen de las extorsiones, entre otros.
Además pactaron capacitar a los policías estatales en materia de adicciones.
