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PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD

Por Paloma Mendoza Cortes

El recient asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse, ha posicionado en la opinión pública internacional el papel activo que poseen las empresas de seguridad privada y los militares privados o mercenarios como actores ocultos pero activos, y en ocasiones, hasta decisivos en la seguridad. Este magnicidio podría convertirse en el mayor escándalo de este tipo de empresas en el hemisferio desde 2004, cuando la empresa Blackwater USA tuvo que responder ante el congreso estadounidense después de la emboscada de sus 4 contratistas que trabajaban para el gobierno estadounidense en la ciudad de Fallujah, Irak.

En Colombia fue una bomba mediática la participación de entre 6 y 15 exmilitares colombianos en reciente situación de retiro; desde soldados hasta un teniente coronel que fueron reclutados para una operación profesional de magnicidio usurpando funciones, razón por la cual el gobierno de Estados Unidos ha enviado agentes de la DEA, el FBI y el servicio secreto para apoyar la investigación.

Hasta ahora se mencionan tres hipótesis: Primera, que el objetivo era asesinarlo; segunda, la intención era sólo secuestrar al presidente y tercera, el objetivo era privarlo de la libertad para torturarlo y obligarlo a renunciar para ser reemplazado por Claude Joseph, actual primer ministro de Haití, supuestamente por órdenes de Christian Emmanuel Sanon, un expatriado haitiano que ingresó a Haití en un jet privado previamente al asesinato con la intención de coordinar la ejecución, que habría sido planeada en territorio estadounidense. En pocas palabras, una especie de Golpe de Estado privatizado y extraterritorial.

Al menos cuatro empresas colombianas de seguridad -de las cuales la policía de Colombia decidió no publicar nombres- están siendo investigadas por requerimiento de la INTERPOL. Un buen número de este tipo de empresas se hecho famosas en Colombia por enviar a militares retirados a prestar servicios de seguridad en países de Medio Oriente como Emiratos Árabes Unidos, Yemen o Irak atraídos por salarios pagados en dólares que contrastan con sus bajas pensiones militares, especialmente para aquellos que recibieron adiestramiento en fuerzas especiales, francotiradores, manejo de explosivos e incluso adiestramiento en Estados Unidos, como fue en este caso.

De igual forma, el gobierno estadounidense investiga a la empresa de seguridad privada Counter Terrorist Unit Federal Academy LLC, CTU Security con sede en Miami, Florida vinculada a la tarjeta de crédito con la cual fueron comprados los boletos de avión de los sospechosos para ingresar a Haití. Esta empresa propiedad de Antony Enmanuel Intriago Valera, un empresario venezolano, les habría pagado casi 3 mil dólares al mes por la prestación de servicios de seguridad VIP. Aquí es donde surge una cuarta hipótesis: que los exmilitares colombianos fueron contratados por CTU Security a base de engaños, y en realidad, no sabían el objetivo de la operación militar privada.

Después de Colombia, México se ha convertido en el segundo mercado más importante en Latinoamérica para las empresas que no sólo ofrecen servicios de seguridad, sino también, fungen como intermediarias y representantes locales para ventas de productos y servicios de seguridad y defensa, incluyendo el software y tecnología de surveillance, las cuales han sido muy exitosas impulsando el enfoque de neuromarketing de “Smart and Safe City”. Antes de la pandemia, era práctica común la organización de eventos privados con cocktail de clausura disfrazados de eventos académicos de seguridad para promocionar sus productos y servicio, eventos a los cuales sólo reciben invitación los funcionarios de gobierno con facultades de conceder contratos.

El auge de las empresas de seguridad privada en México es el resultado de diversos factores: Primero, el vacío conceptual y legal la confusión operativa para distinguir y separar las áreas de operación de Seguridad Nacional/Interior/Pública; segundo, la insuficiente regulación de las empresas de seguridad privada; tercero, el incremento del presupuesto designado a los organismos de seguridad así como los fondos externos como la Iniciativa Mérida; finalmente, la opacidad de los organismos de seguridad y defensa en asuntos de transparencia y acceso a la información, especialmente en cuestión adquisiciones y licitaciones.

La mayoría de estas empresas son de origen extranjero y están registradas como “empresas de seguridad privada”, algunas inventan un nombre de “fachada” (fronts) para los registros legales, pero una vez que se ingresa a las oficinas físicas, usted se dará cuente de que el nombre de la empresa es totalmente diferente y que entre sus empleados figuran ex funcionarios de seguridad y/o militares en situación de retiro que, a veces a través del tráfico de influencias, aseguran contratos de gobierno.

De igual forma que las empresas extranjeras usan a empresas de seguridad privada mexicanas como intermediarias o crean empresas falsas, también recurren a la corrupción de los funcionarios de seguridad, a quienes se les ofrece una comisión por la compra. El resultado ha sido el sobreprecio de productos y servicios de seguridad que compra el gobierno mexicano. Tan sólo hace 6 años, la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA se vio obligada a crear la Sección Novena de Estado Mayor de la Defensa (Investigaciones Estratégicas de Mercado), para lidiar con la designación de contratos y evitar actos de corrupción.

No solamente el gobierno otorga contratos multimillonarios, también empresarios e industriales mexicanos han recurrido cada vez con más frecuencia al uso de empresas de seguridad privada, e incluso, a militares privados o “mercenarios” para garantizar su seguridad personal, patrimonial y de transporte de bienes y servicios.

Estamos presenciando el fin de monopolio de la violencia física legítima del Estado que Max Weber estableció hace más de 100 años. El proceso de la privatización de la seguridad en México ha escapado del control del mismo Estado y se rige, como toda empresa privada, por la ley de la oferta y la demanda global, sea la demanda legítima o ilegal: ¿Cuántos desertores y militares en situación de retiro mexicanos ha sido reclutados por este tipo de empresas para emplear su adiestramiento en beneficio de actividades criminales? De acuerdo a la geografía, Haití no está muy lejos de México, de la misma manera que los mercenarios tampoco lo están.

 

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