La diputada Margarita Inzunza señala que hay vacíos legales en la materia y se carece de equipo y preparación adecuados.
Guamúchil, Sinaloa.- Con el objetivo de mejorar la forma en que se presta el servicio de seguridad privada, la diputada local Elva Margarita Inzunza Valenzuela presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la Ley de Seguridad Privada del estado de Sinaloa para llenar un vacío legal en la materia y garantizar que la actuación de los organismos encargados de prestar estos servicios se ajusten al estado de derecho cumpliendo con la preparación y equipamiento de quienes desempeñan la actividad.
“Es necesario considerar la forma en que se realiza el servicio de seguridad privada, no como sustituto, sino como auxiliar de la seguridad pública, su funcionamiento, el registro de los prestadores, armas, vehículos y personas que laboran en este medio, todo ello incorporarse en una ley adecuada a la magnitud de su importancia, y todo ello también conforme a lo dispuesto por la Ley de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, con la finalidad de regular a estas empresas que laboran en condiciones fuera del marco jurídico arriesgando la integridad de sus empleados al no contar con la capacitación y el equipo adecuado, poniendo en peligro los bienes, derechos, propiedades, e incluso, la vida de las personas que los contratan”, mencionó.
En base a ello, Inzunza Valenzuela expresó que es muy importante contar con un ordenamiento que venga a regular la actividad de estas instituciones privadas cuya esencia es brindar seguridad en la integridad y patrimonio de las personar, así como contribuir como apoyo al trabajo de las instituciones de seguridad pública.
Asimismo, señaló que en México, los servicios de seguridad privada son auxiliares de la función pública y los particulares que se dedican a esto se deben regir por las normas de la ley aplicables a las instituciones de seguridad pública, pues de la ley general se deriva un acuerdo para regular el funcionamiento de los organismos privados de donde deriva la necesidad de dotar de una normatividad a las actividades de seguridad prestadas por particulares, sometiéndose a procedimientos de evaluación de control y confianza, así como observar principios de objetividad, legalidad, honradez, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.
