Ver entrada
El líder del CCE, Carlos Salazar, indicó que existe un consenso para presentar la reforma para que el Estado tenga posibilidad de sumar a su estrategia a los efectivos, quienes son capacitados por la SSPC.
El sector privado y Gobierno federal se han puesto de acuerdo sobre el contenido de la reforma a la Ley de Seguridad Privada, informó este viernes Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Con dicha ley, detalló, empresarios colaborarán con los más de 500 mil elementos que pagan para la protección de sus activos, pero coordinados y capacitados bajo lineamientos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
“Hacia ‘añales’ que no se encontraba la manera de hacer una reforma legal para que todo el tema de seguridad privada tuviera una orientación a nivel nacional. Creo que ya lo logramos”, dijo el empresario.
Como parte de las mesas de trabajo sobre el tema de seguridad, el jueves los empresarios, encabezados por el CCE, se reunieron con autoridades federales, encabezadas por el titular de la Secretaría de Seguridad Privada Alfonso Durazo, y alcanzaron consensos sobre los puntos para incluir en la iniciativa de reforma a una ley que data de 15 años.
“Tenemos un consenso de todo el clausulado que se va a presentar como reforma constitucional para que el Estado tenga posibilidad de sumar a su estrategia más de medio millón de efectivos que no se estaban aprovechando, no estaba orientados a una estrategia, una coordinación, una fórmula”, comentó a la prensa al salir de la última reunión del Consejo del CCE en el Club de Industriales.
Los elementos serán pagados por la iniciativa privada y, de acuerdo a las reglas que establezca la Secretaria de Seguridad, tendrán que capacitar las empresas privadas a sus elementos.
El sector de empresas de seguridad privada está compuesto por unas 8 mil empresas integradas por 600 mil elementos; sin embargo, la ilegalidad también está presente en este segmento por lo que, con la reforma a la ley, se pretende también reforzar el marco jurídico para frenar su operación, a la vez que se logran coordinar sector privado y Gobierno para apoyar el combate a la inseguridad en el país.
“Es otra manera en la que el sector privado está tratando de atacar por todos los frentes, los problemas que tenemos”, afirmó el líder de la máxima cúpula empresarial.
El débil cumplimiento del estado de derecho es parte de las preocupaciones del sector y, así como la iniciativa privada y la sociedad está obligada a su cumplimiento, también lo están las autoridades, enfatizó Salazar Lomelín.
“Ya tenemos otra vez el problema de las vías del tren tomadas en Michoacán, eso es cumplimiento de la ley. Hay que cumplirla nosotros pero también la autoridad, quien tenga esa responsabilidad, gobernador, alcalde, secretario de Estado o el mismo presidente, cumplan también con la ley. Y se lo pedimos a la autoridad, que jura cumplir y hacer cumplir la ley, lo aplique todos los días”, apuntó.
