Carecen de regularización, no están registradas o sus elementos no cuentan con la capacitación adecuada
Tulancingo.- Alrededor del 10 por ciento de los servicios y empresas de seguridad privada en el país carecen de regularización, no están registradas o, en algunos casos, sus elementos no cuentan con la capacitación adecuada para realizar sus labores.
Lo anterior fue señalado por Bernardo Espino Barrón del Castillo, experto en tema de seguridad, quien ha colaborado para diversas instituciones en la materia, tanto públicas como privadas.
La información forma parte de la ponencia que presentó el fin de semana durante el evento sobre temas de seguridad pública llevado a cabo en Tulancingo y realizado por parte de diversas organizaciones civiles regionales, respaldando el trabajo de la Confederación Nacional en Seguridad y Justicia de México (Conaseju).
Barrón del Castillo puntualizó que debido a la gran cantidad de empresas de seguridad pública que operan en el país y en el estado, es urgente la necesidad de revisar que estas cuenten con los registros adecuados para laborar y que cumplan con los requerimientos legales para hacerlo, además de acreditar que sus elementos estén capacitados adecuadamente para actuar e intervenir en caso de ser necesario y que tengan conocimientos básicos sobre temas legales.
Enfatizó que la población está en derecho e incluso obligación de intervenir y solicitar que este y otros temas sean revisados por las instituciones competentes.
Comentó que existe legislación al respecto, como la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, promulgada durante el sexenio de Vicente Fox y que no es conocida por gran parte de la población, por lo que insistió en usarla para el caso planteado y otros de beneficio social.
“Una adquisición de deuda de 1-2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) es totalmente sostenible dado nuestro nivel de endeudamiento. México es uno de los países menos endeudados entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Advirtió que para evaluar la deuda de un país, debe tomarse en cuenta el nivel de endeudamiento y el PIB.
“En estos momentos es necesario inyectar recursos extraordinarios para contrarrestar los efectos adversos que la pandemia está teniendo en el empleo y en el ingreso de las familias. De este modo podrán evitarse caídas más pronunciadas en nuestra economía”, añadió.
De Hoyos recordó que México cuenta con una línea de crédito con el FMI por 61 mil millones de dólares y que el monto estimado de los remedios solidarios es de alrededor de 204 mil millones de pesos, por lo que solo implica 15 por ciento de la línea de crédito del FMI.
