Se trata de un sector de servicios que ha crecido considerablemente en las últimas décadas, debido al incremento en la percepción de inseguridad de la población. En marzo pasado se aprobó una reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al CongresQAo de la Unión a expedir la ley general en la materia, lo cual debe ocurrir antes de diciembre.
Por Diego Badillo
En México operan de manera irregular alrededor de 3,500 empresas privadas de seguridad, que, junto con las corporaciones de protección o custodia, que forman parte de corporaciones policíacas, pero que venden sus servicios a particulares, constituyen una competencia desleal para las legalmente constituidas, además de que evaden impuestos y propician precariedad laboral para sus empleados.
De acuerdo con información del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), en total (regulares e irregulares) en México trabajan alrededor de 6,000 empresas de ese tipo, las cuales cuentan con alrededor de 500,000 empleados operativos, más los administrativos y de apoyo. Juntas generan el equivalente a alrededor de 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Se trata de un sector de servicios que ha crecido considerablemente en las últimas décadas, debido al incremento en la percepción de inseguridad de la población.
Según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicados el 19 de junio pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 66.5% de la población de 18 años y más, considera que vivir en su ciudad es inseguro.
Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto del registrado en diciembre de 2020, que fue de 68.1%. Sin embargo, no respecto de marzo de 2021, que fue de 66.4 por ciento.
El Inegi destaca que las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron Fresnillo, Cancún, Ecatepec de Morelos, Coatzacoalcos, Naucalpan de Juárez y Tonalá, con 96.2, 88.7, 87.7, 86.9, 86.7 y 86.1%, respectivamente.
Por otra parte, si se analizan las cifras de homicidios dolosos registrados en México, por año, durante los últimos 30, se observa un marcado incremento a partir de 2008, es decir el tercer año del gobierno del presidente Felipe Calderón con una tendencia al alza. En ese sexenio tuvo su punto más alto en 2011.
Dicho de otra forma, en 2007 se registraron 8,867 homicidios dolosos, para 2008 la cifra se incrementó a 14,006 y en 2011 fue de 27,213. Aunque de 2013 a 2016 bajó ligeramente ese indicador, para 2018, el último del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, llegó a 36,685.
En 2019, el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el número de homicidios dolosos subió todavía más, a 36,666. Para 2020, con todo y la pandemia de la Covid-19, que supuso un confinamiento nacional, se registraron 36,567 homicidios dolosos.
Raúl Sapién Santos, presidente del CNSP, expuso que el mayor problema que han enfrentado las empresas de ese sector de servicios es su sobrerregulación.
Si bien actualmente está en marcha un proceso legislativo que tiene como objetivo poner orden y dotarlo de un nuevo marco legal en el sector, hasta que no concluya una parte siguen en la anarquía.
El problema de origen es que deben cumplir con una regulación federal, concretamente la Ley Federal de Seguridad Privada, que entró en vigencia en 2006, así como 32 regulaciones de carácter estatal, además de ordenamientos municipales.
Sapién Santos dijo que el problema es que las leyes son asimétricas entre sí. Eso ha generado varias situaciones problemáticas: las que quieren mantenerse en la legalidad y cumpliendo con sus impuestos y con sus empleados, en algunos casos están sujetas a una triple tributación. Para muchas compañías es prácticamente imposible cumplir con la ley y muchas más de plano operan en la ilegalidad. Estas últimas son las conocidas como “empresas patito” que no cumplen, ni con la autoridad, ni con sus trabajadores.
Eso genera una competencia desleal entre los que sí cumplen con el pago de sus impuestos, pagos a cuotas del seguro social e Infonavit, entre otras y las que no.
Sin embargo, esas no son las únicas situaciones de desigualdad que padecen las empresas cumplidas. Otra es la competencia desigual que representan agrupaciones que forman parte de corporaciones policíacas como la de Ciudad de México y el Estado de México.
Se trata de policías pagados con los impuestos de los ciudadanos, pero las corporaciones a las que pertenecen venden el servicio de custodia y vigilancia a empresas privadas.
A esas corporaciones la ley no les exige que cumplan con los mismos requisitos que deben acreditar las empresas privadas que prestan el mismo servicio. Esos agrupamientos no tienen que invertir en armamento, municiones, uniformes y accesorios de seguridad, porque se los proporciona el gobierno con dinero del presupuesto. Además, no tienen que pagar cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit o pagar impuestos.
De acuerdo con Sapién Santos, lo que ha pasado es que, en lugar de que se eliminen esas condiciones de competencia desleal, cada vez se le imponen nuevas exigencias, como ocurrirá a partir del primero de septiembre próximo cuando todas las empresas privadas de seguridad deberán cumplir con el registro de servicio especializado
El 11 de marzo pasado, el Senado de la República aprobó la reforma al artículo 73 de la Constitución realizada por la Cámara de Diputados para facultar al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Seguridad Privada. Con esa legislación pendiente se busca establecer las reglas y constituir la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada que operan en el país.
También se prevé que contenga las directrices para lograr la coordinación de esos prestadores de servicio con las instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre, así como los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias en el país.
La reforma establece en sus artículos transitorios que, dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General en Materia de Seguridad Privada.
Además, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas también deberán expedir la legislación necesaria para adecuar el marco normativo con el decreto y la ley citada, dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la Ley General de Seguridad Privada.
Se espera que una vez que inicie el primer periodo ordinario de la siguiente legislatura del Congreso de la Unión se retome el asunto y, a más tardar en noviembre, se cuente ya con el nuevo marco institucional federal que derogue las leyes estatales y ordenamientos municipales para que se actualicen en consonancia con la ley federal.
