Por Carlos Ramírez

Ante el concepto de militarización en materia de seguridad pública hay dos escenarios esquizofrénicos: de un lado, los organismos civiles y sociales que claman por el regreso de los militares a sus cuarteles; de otro lado, la sociedad misma que suplica que los militares y marinos no se retiren de la seguridad púbica porque han sido los únicos factores de lucha contra los delincuentes.

Los militares no han tomado el poder político, funcionan en estructuras de seguridad nacional y seguridad interior; en ningún orto sector social o político hay militares al mando. La participación de militares en seguridad publica ha sido doble: retirados en manos estatales y municipales y efectivos en labores de apoyo a las autoridades civiles.

Las políticas de seguridad pública han estado siempre bajo la responsabilidad de civiles. Las partidas militares en la lucha contra los carteles han sido indispensables ante la incapacidad de las policías civiles y ante la poderosa capacidad de fuego ofensivo de los delincuentes con armamento superior al de los policías, solo comparable con las armas castrenses.

Los mandos castrenses están subordinados a los civiles: el presidente de la republica, un civil desde 1946, es el comandante supremo de las fuerzas armadas y ostenta una quinta estrella, una más de las cuatro del general secretario y dos más que los generales de división.

Por tanto, en México no existe militarización de la seguridad publica, sino una participación castrense en apoyo a la seguridad pública civil.

Las quejas y preocupaciones por la participación de militares en seguridad publica radica solo en casos de abusos y violaciones a los derechos humanos. Pero todos los casos han sido desahogados en tribunales civiles, sin que haya impunidad alguna.

Luego de tres experiencias civiles frustradas —la Policía Federal Preventiva, la Policía Federal y la Gendarmería—, la Guardia Nacional (GN) nace con la participación de efectivos de las policías militar y naval, las dos, por cierto, con estructura y funcionamiento estrictamente no militar; es decir, no combaten contra enemigos y su tarea es hacer cumplir los reglamentos militares y navales. Son, pues, policías con uniformes castrenses. La tropa de combate, en cambio, está formada para combatir/liquidar a los enemigos.

Pero en su formación educativa, los policías militares y navales han sido cincelados en función de los valores patrios y su funcionamiento es como militares: sin descansos. Por ello los nuevos guardias nacionales habrán de pasar por planteles militares para aprender disciplina, valores y cohesión de cuerpo.

El debate sobre la GN no debe ser por mando militar ya designado, ni sobre el uso de la fuerza que va a ser regulado y ya es regulado, ni sobre los derechos humanos que el ejército ya formalizó con oficinas especiales y coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sino con respecto a la idea central de que las fuerzas armadas son las únicas capacitadas para combatir al crimen organizado.

Y por la distracción de discutir la militarización se ha descuidado la atención y la exigencia de un sistema nacional de inteligencia que revele configuración, liderazgos, operaciones y lados débiles del crimen organizado, porque no todo es el choque en tierra ni las balaceras cotidianas.

La GN nacerá con reglamentos y leyes secundarios que evitarán los abusos. Pero, en realidad, el problema real no es ese: el auge del crimen organizado ha sido posible solo por la incapacidad o complicidad de autoridades civiles, además del apoyo que han tenido los delincuentes de la sociedad que prefiere el dinero que le pagan las organizaciones civiles. La justificación ha sido la pobreza; sin embargo, al final la comodidad de recibir pago de los cárteles los convierte en cómplices de la inestabilidad violenta en sus comunidades.

El otro debate que falta radica en saber qué vendría después de la GN; el nuevo cuerpo de seguridad será un auxiliar en el combate a la inseguridad. El Estado, sin embargo, necesita promover más el desarrollo económico, la distribución de la riqueza, la educación, el empleo y el bienestar; y, la sociedad tiene la responsabilidad de exigir mejores condiciones de vida, no solo echarse cómodamente a los brazos de los delincuentes porque ellos les pagan más con dinero criminal.

Nadie ha criticado a fondo el caso del huachicoleo. La crisis en Tlahuelilpan evidenció que el pueblo solapaba a los delincuentes y, peor aún, se aprovechaba de la gasolina robada. Y no era uno o dos, sino la abrumadora mayoría social. Los valores ahí se rompieron, y es esa población la que no quiere a los militares por violaciones a los derechos humanos que han sido pocos y castigados, porque el pueblo prefiere ser cómplice del delito que pagar más.

 

 

Marzo-abril 2019