Ayer se informó que cinco altos mandos de la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar) se incorporaron con titulares en áreas estratégicas de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla, al frente de la cual está el Vicealmirante Miguel Idelfonso Amézaga Ramírez.
Es evidente que el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta está siguiendo la estrategia implementada a nivel federal por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para combatir a la delincuencia común y el crimen organizado empleando a militares con estrategias de inteligencia castrense al frente de instituciones civiles de seguridad pública.
Estas acciones suelen siempre ser polémicas, pues por un lado se encuentran quienes dicen que abrirle a la milicia espacios que deberían estar destinados únicamente a personal civil, solo genera un endurecimiento del aparato de Estado y la consecuente pérdida de garantías para la sociedad.
Otros consideran que, dado el nivel de deterioro y descomposición que hay, por el imperio de las organizaciones e individuos que hacen de la delincuencia una forma de vida, no resulta descabellado echar mano de la instrucción militar para devolver la seguridad y la paz que han sido arrebatadas.
Lo cierto es que para que estas modalidades de seguridad pública progresen, es indispensable que haya organismos y especialistas en la defensa de lo derechos humanos, que estén vigilantes del comportamiento de las corporaciones para que se combata con eficiencia a la criminalidad, pero respetando en todo momento las garantías de la gente.
