Por Sergio Padilla Oñate
El proceso de militarización va mucho más allá de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Las policías locales están desarrollando formas de operación muy similares a las del Ejército, aumentando sus probabilidades de cometer abusos y un uso excesivo de la fuerza.
Desde finales del sexenio de Felipe Calderón, especialistas se han dado a la tarea de analizar el proceso de militarización de la seguridad pública, poniendo especial énfasis en los procesos de militarización directa; es decir, en la intervención de los militares en tareas de seguridad pública.
Existe evidencia robusta que apunta a que el despliegue de las fuerzas armadas para realizar tareas propias de policías trae consigo una mayor probabilidad de violaciones a los derechos humanos, entre otras afectaciones. Además, existen variaciones importantes en algunas fuentes de información que nos obligan a considerar nuevas hipótesis y rutas de investigación para plantear mejores alternativas para la pacificación del país.
Adicionalmente, es necesario también considerar los efectos de la militarización indirecta; es decir, de las posibles transformaciones de las policías hacia lógicas de operación militar producto de la interacción con militares en tareas conjuntas, así como de la incorporación de militares a las corporaciones policiales, ya sea como secretarios, directores, instructores o policías rasos.
Para avanzar en esa dirección, se presentan algunos datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL, 2016), realizada por el INEGI. Dicha encuesta cuenta con un módulo de arresto, en el cual las personas entrevistadas identifican a la autoridad que estuvo involucrada en su detención, así como las diferentes acciones que realizó durante la misma.
Tomando en cuenta las variables que integran dicho módulo, de manera específica aquellas acciones que ocurrieron una vez que el detenido manifestó estar bajo control de la autoridad, se construye un índice de uso de la fuerza1.
Los resultados de ese índice refuerzan los hallazgos anteriormente presentados por otros trabajos. La Marina y el Ejército presentan los porcentajes más elevados de uso excesivo de la fuerza.
La ENPOL también permite conocer el año en que se realizó la detención, lo que permite separar los casos ocurridos durante el sexenio de Calderón y los ocurridos durante el sexenio de Peña Nieto. Los resultados muestran que el Ejército y la Marina redujeron sus porcentajes de casos de uso de la fuerza excesiva al transitar del sexenio de Felipe Calderón al sexenio de Enrique Peña Nieto. Estos datos concuerdan con la tendencia a la baja que han seguido las quejas a derechos humanos para ambas instituciones2.
Con base en dicha información, es posible plantear la hipótesis de que el Ejército está experimentando un proceso de “policiación”. En otras palabras, que esté transitando a procesos de actuación propios de corporaciones policiales. Es importante precisar que dicho descenso en el uso de la fuerza vino acompañado de un repliegue. De acuerdo con la ENPOL, durante el sexenio de Felipe Calderón se estima que el Ejército y la Marina acumularon el 13% de las detenciones. Durante el periodo de Peña Nieto, hasta 2016, dichas detenciones se redujeron al 6%.
En contraparte se encuentran los resultados de las policías locales (municipal y estatal), los cuales presentan un aumento de casos de uso excesivo de la fuerza en el sexenio de Peña Nieto. Es importante destacar que los porcentajes de las policías estatales y el Ejército en ese periodo son muy similares. Con base en dicha información es posible plantear que algunas policías están experimentando procesos de militarización; es decir, sus actuaciones están más orientadas hacia a la lógica de guerra que al resguardo de los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, será necesario explorar dichas tendencias de manera desagregada para identificar qué policías están experimentando dichos procesos y por qué razones.
Una tercera hipótesis que se deriva de estos datos es la posible relación que existe entre la militarización directa y la indirecta. Los datos apuntan a que cuando el Ejército se concentra en tareas de seguridad pública, las policías tienden a presentar menor probabilidad de incurrir en usos excesivos de la fuerza. En consecuencia, cuando el Ejército se repliega y disminuye su participación en tareas de seguridad pública, las policías aumentan su probabilidad de incurrir en detenciones con uso de la fuerza excesiva.
Es necesario corroborar dichas hipótesis con datos provenientes de otras fuentes, y con la misma ENPOL que, dicho sea de paso, ya no continuará en años subsecuentes debido a los recortes al presupuesto del INEGI. Sin embargo, es posible afirmar que estamos ante un escenario mucho más complejo que el que se había planteado hasta hace unos meses en los debates en torno a la Guardia Nacional. El proceso de militarización va mucho más allá de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Las policías locales, principalmente las estatales, están desarrollando formas de operación muy similares a las del Ejército. Esto no quiere decir que estén realizando un mejor trabajo, si no que están aumentando sus probabilidades de cometer abusos y un uso excesivo de la fuerza.
Esto no solo representa un riesgo para la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos, sino que también ha sido una estrategia, si así se le pudiera denominar, que ha puesto en riesgo la estabilidad de las instituciones y ha elevado el número de muertes de ciudadanos, policías y miembros de las fuerzas armadas que pudieron haberse evitado.
Los hechos ocurridos en los últimos meses nos indican con mayor énfasis, por si hiciera falta, los límites de la militarización. Desde finales de los noventas se fortaleció la participación del Ejército en tareas de seguridad pública y se intentó fortalecer a las policías, no para su consolidación como instituciones democráticas, sino como instituciones reactivas ante las amenazas criminales. El tema ahora se agrava. El gobierno de López Obrador ha profundizado la militarización como ningún otro gobierno, tanto en lo legal como en lo operativo, asumiendo extrañamente que basta con mandar una orden de no violación a los derechos humanos, para que se cumpla. La semana pasada ocurrió en Iguala un enfrentamiento entre militares y civiles que muy probablemente incluya ejecuciones extrajudiciales, lo que muestra que no sólo se trata de dar órdenes, sino que es necesario crear mecanismos de control y desarrollo de nuestras instituciones.
A su vez, el gobierno federal ha ejercido presión para que aumenten los mandos militares al frente de instituciones de seguridad pública3. ¿El resultado? Tanto las operaciones federales como las protagonizadas por policías locales han derivado en tragedias. La semana pasada tuvieron lugar dos acontecimientos emblemáticos. La muerte de al menos 14 policías estatales en una emboscada en Apatzingán. En este caso, ¿qué pasó con la coordinación federación–estado? ¿Dónde estaban las fuerzas armadas y la Guardia Nacional? ¿No se supone que hay reuniones diarias de coordinación? ¿Acaso esos temas no se atienen en esas juntas?
El segundo caso es el del desastre de Culiacán, en donde, tras un operativo mal planeado, pero no fallido, se termina liberando al hijo del Chapo Guzmán, con el pretexto de no poner en riesgo la vida de más ciudadanos. Para no poner la vida de los ciudadanos en riesgo las autoridades encargadas de la seguridad deben hacer trabajos de inteligencia previos donde detecten los posibles, riesgos, amenazas y consecuencias de la detención de un miembro de un grupo criminal. En fin, lo obvio, pero es de interés mencionar que estos hechos ocurrieron en una entidad emblemática para la militarización en México. Sinaloa es un estado que desde hace varios años ha tenido Secretarios de Seguridad Pública de procedencia militar. El gobierno estatal ha nombrado a militares en prácticamente todas las áreas neurálgicas de la institución. Esto quiere decir que ni aún – o quizá debiéramos decir “a pesar”-, de gabinetes militares al frente de las instituciones de seguridad se ha logrado avanzar en la construcción institucional que tanto le urge al país.
La reiterada apuesta a la militarización, es decir, el abuso de nuestras instituciones castrenses para atender temas que no deberían atender, no funciona. Y tampoco es verdad que el país no tenga opciones. Tenemos las suficientes capacidades para crear instituciones civiles eficaces. Por lo visto, el déficit está en otra parte. ¿Quizá en la voluntad política y en la aptitud de quienes nos gobiernan?
1 Las variables contempladas para la construcción del índice son: amenaza con levantar cargos falsos, amenaza con hacer daño a su familia, presionar para denunciar a alguien, patadas y puñetazos, golpe con objeto, descarga eléctrica, aplastamiento, incomunicar, desvestir, atar, vendar ojos, quemadura y violación.
2 Al respecto sugiero consultar el informe: “Seguridad pública enfocada en el uso de la fuerza e intervención militar. La evidencia en México 2006-2018”, publicado por la Universidad Iberoamericana.
3 Un ejemplo de esta tendencia la representa el estado de Sonora, en donde recientemente se nombraron mandos militares al frente de las policías municipales, para así “garantizar” la coordinación con la Guardia Nacional y las fuerzas armadas.
