Se pronuncian sectores por una nueva ley para eliminar la sobrerregulación de la industria.
Por Arianna Alfaro
Evitar que se cometan ilícitos con empresas falsas, certificación en el uso del equipo que usan, así como de la procedencia de las armas que portan, criterios de operación y competencia, son algunos de los temas por los que se impulsa la propuesta de ley de seguridad privada.
Durante el Parlamento Abierto virtual “Análisis del dictamen que reforma los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad privada”, funcionarios federales y estatales, así como el sector privado y académico opinaron sobre el tema en favor de una nueva ley para eliminar la sobrerregulación.
Durante la reunión virtual, se dio prioridad a los puntos de vista de los actores principales del sector, a quienes beneficia o afecta la decisión de reformar los artículos 73 y 21 constitucionales, tal como sugirió del diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Proteger a los usuarios y a la industria
En una industria que representa un aproximado del 2 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB), reflejado en 700 mil empleos a nivel nacional, con un crecimiento entre el 15 y 20 por ciento, según datos proporcionados por Armando Zúñiga, coordinador general de la Asociación para la Superación de México (ASUME), es importante revisar una ley necesaria y urgente en seguridad privada, sobre todo, que impactará de manera positiva en los usuarios.
“La principal problemática que tenemos es una sobrerregulación, porque tenemos que tramitar 32 permisos estatales, uno en cada Estado aparte permisos federales y municipales, los municipios ya no se empiezan a pedir permisos, entonces, pues toda esta sobrerregulación pega mucho incluso en temas de corrupción y de extorsión”, expresó Zúñiga en entrevista para La Prensa.
El registro actual de las empresas de seguridad privada es de alrededor de 8 mil a nivel nacional, aunque, la autoridad federal tiene registradas alrededor de Mil 500 y en los Estados, se suman alrededor de 3 mil, “esto nos da una idea de que la mitad aproximadamente en las empresas no contarían con un registro y eso es parte de lo que queremos también que con esta ley se pueda corregir”, agregó el coordinador de ASUME
Una función básica de esta ley que se revisa y discute, es que se “homologue toda la legislación a nivel nacional, que distribuye competencias entre la federación los estados y los municipios, pero, lo principal, es que haya sola una legislación a nivel nacional y que sea acorde al sector, a las tecnologías y a todo lo que hoy se vive”, agregó.
Esta ley pretende dar certidumbre, dado que se promueve la capacitación del personal, mejorar salarios y regularizar a las empresas que están en la informalidad, lo que dará confianza a los usuarios debido a la mejora de la calidad de los servicios.
“Un aproximado de 40 por ciento de las empresas que operan en la ilegalidad, no cuenta con el registro, ya sea estatal federal o incluso municipal y son las empresas que de alguna forma afectan a nuestro sector, porque también son las que pagan los salarios más bajos, los que no capacitan a la gente entonces esta reforma constitucional” comentó.
Parte de lo que propone la iniciativa, es para que todas las empresas estén registradas con un permiso único que sería nacional y con esta regulación homologada, tener un registro también de toda la gente de todas las armas y de todos los dispositivos que usan los elemento, así como que, si se incurre en un delito al brindar un servicio sin tener una autorización, o incluso para el usuario, al contratar sin omitir la legalidad.
“Hoy hay una gran problemática, por ejemplo de rotación, falta de capacitación en una parte del sector, entonces con esta nueva legislación esperamos que se suban todas las empresas”, comentó el representante de ASUME, quien dice asegura que otras instancias como en el caso del Consejo Coordinador Empresarial.
“Además de la reforma constitucional y la ley general, queremos hacer la cámara de la industria del sector y, pues vamos por buen camino, tenemos una excelente comunicación con el sector empresarial, porque nosotros en la seguridad privada resguardamos más del 95% de las empresas”, dijo.
La creación de esta cámara cuenta con el apoyo de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ya que brindan servicios a instituciones bancarias, cajeros automáticos, traslado de valores, aeropuertos, entre otros.
Zúñiga asegura que “hay Estados que han hecho bien las cosas y otros en los que impera la corrupción, y piensan que van a perder facultades y uno de los retos que tenemos, es de convencer de que esta iniciativa, se ha cuidado de que los Estados no pierdan las atribuciones”.
Asimismo, admitió que la corrupción también juega un papel importante dentro de las operaciones actuales de la seguridad privada, “la sobrerregulación lleva a la corrupción, hay por ejemplo, en la Ciudad de México con el Estado de México pues las leyes son diferentes entonces si cumplimos en la Ciudad de México con el uniforme, con el balizado de las unidades, pasando en el Estado de México ya no cumplen y son llevadas al corralón”, lo que da pie a actos ilegales.
Una necesidad social
Armando Zúñiga comenta que la seguridad privada cumple un papel fundamental en la pacificación del país, ya que no sólo las empresas necesitan un cuidado, sino también las zonas residenciales y los condominios para “que la gente se sienta protegida porque la empresa que le brinda el servicio (…) tenga esa tranquilidad de que cuenta con un registro con controles de confianza que se ha capacitado a la gente”.
Añadió que para ASUME, es “muy importante que la sociedad conozca la importancia que tienen los servicios de seguridad y la importancia de que se apruebe venta esta reforma constitucional y esta ley general, que estamos promoviendo es un sector muy estratégico que cada día cobra mayor relevancia”.
Por su parte, el doctor Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, agregó en entrevista con este diario, que la “la seguridad privada y la seguridad pública, son variables qué deberían convergir si tienes estándares adecuados que deberían ocasionar el mejoramiento vertiginoso de la seguridad ciudadana, percibida así por los ciudadanos, a mayor calidad de la suma de la seguridad pública y seguridad privada, nosotros nos beneficiaremos”.
“En mi opinión, en este momento la cantidad de elementos que participan de la seguridad privada supera en alrededor de un 50 por ciento, al menos la totalidad de los elementos que participan de las fuerzas locales municipales y estatales de seguridad pública, así que estamos hablando de una legislación de una propuesta muy importante”, añadió
Guerrero señala que es importante establecer las reglas de competencia en el mercado de la oferta de la seguridad, “que acudan al mercado empresas que tengan ciertos estándares de garantía, realizar un control de confianza adecuado entre los quienes reclutan, de ofrecer precios adecuados en el mercado, porque empresas con bajos costos indican una competencia desleal y que probablemente con alguna razón despierte sospechas”.
El presidente del Consejo Ciudadano asegura que hay un hueco muy importante oportunidad para impulsar una decisión parlamentaria, “una normativa y un derecho positivo que nos permita que haya seguridad privada de alta calidad como seguridad pública alta calidad”.
Concluyo diciendo que el 2020 y 2021 son importantes en cuanto a la “intervención de los actores públicos los partidos políticos y que decidan a favor de una ley que establezca la simetría, la no contradicción, la no corrupción, el cumplimiento de leyes fiscales y también el cumplimiento de estándares internacionales y nacionales del reclutamiento de la policía, es una oportunidad para que salga el legislativo adelante”.
El camino es largo aún para esta iniciativa de ley, que en las siguientes semanas se revisará en la Comisión de puntos constitucionales para ser votada, posteriormente continuar con su camino para llegar al pleno, a la Cámara de Senadores y después a los congresos locales para decidir por una ley que coadyuve y homologue la seguridad privada.
