GUARDIAS PRIVADOS, A LABORES POLICIACAS

La Secretaría De Seguridad y Protección Ciudadana propuso a senadores de Morena que los 300 mil elementos particulares colaboren en el combate a la delincuencia en todo el país.

Una iniciativa del gobierno federal plantea que al menos unos 300 mil miembros de seguridad privada sean obligados a prestar auxilios de seguridad pública.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana presentó a la bancada de Morena, durante el inicio de su plenaria, la propuesta para crear una Ley Nacional de Seguridad Privada, a través de una reforma al artículo 73 constitucional, para regular diversos ordenamientos, puesto que actualmente existe un desorden en las empresas que ofrecen estos servicios en el país.

La propuesta que Morena impulsa en el Senado busca regular el registro y permiso único a nivel nacional para las empresas de seguridad privada y su personal, la homologación de centros de capacitación y especialización, además de “la obligación de los prestadores de seguridad privada para actuar en auxilio de la seguridad pública” y el uso de armas.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, es necesario reformular el marco jurídico mediante el cual se prestan los servicios de seguridad privada, ya que “son hombres armados y deben ser coadyuvantes de la seguridad pública”.

“Hay 500 mil policías que prestan servicio de seguridad desde el ámbito privado; hay quien dice que son 700 mil, sólo tenemos registrados 300 mil. Eso da idea de la dimensión del desorden que ahí hay; así lo recibimos, pero tenemos que ordenarlo. Es imprescindible meter orden en los servicios de seguridad privada”, aseguró.

La Ley Nacional de Seguridad Privada es una de las once iniciativas que el Ejecutivo enviará en materia policiaca, entre ellas diversas reformas al artículo 73 constitucional para homologar tipos penales, regulación de giros negros, una Ley General de Ciberseguridad (que ya existe) y facultar a la federación para conocer de delitos cometidos por elementos de instituciones de seguridad pública estatal y municipal.

El coordinador de Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (Asume) criticó la iniciativa debido a que las empresas de seguridad privada no tienen capacidad para enfrentar al crimen.

“La seguridad privada es auxiliar de la seguridad pública y sólo puede actuar en casos de desastres como en sismos”, explicó.

Agregó que sólo 10 por ciento de los elementos de seguridad privada están armados en servicios como el traslado de valores y resguardo de empresas con alto riesgo, “las armas que se utilizan además no son de calibres para enfrentar al crimen”, comentó a El Heraldo de México y añadió que extraer a los guardias privados ocasionaría pérdidas.

Enero – Febrero 2020

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