Por Lourdes Vázquez
Guanajuato.- El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública con las que los ex funcionarios públicos podrán contar con escoltas para seguridad personal, siempre y cuando se justifique que está en riesgo su integridad y requiere de este apoyo.
El diputado del PRI, Hugo Varela Flores refirió que con estas reformas, la obligación de otorgar protección y seguridad a ex funcionarios tanto estatales como municipales ya no se establecerá de manera imperativa u obligatoria, sino que será optativo y acorde a un estudio de riesgos que se elabore para determinar sobre la extrema necesidad de contar o no con esta protección.
El legislador dijo que el objetivo es salvaguardar el costo beneficio social que se paga tanto en detrimento del recurso estatal y municipal como en la operatividad de las policías estatales y municipales, cuya función es el combate a la inseguridad.
Dijo que hay una tendencia sobre protectora con los ex funcionarios locales, lo cual ha derivado en que se destinen recursos que deberían ser orientados a las necesidades de la ciudadanía, y manifestó que existe un rechazo social respecto a que exista ese privilegio a ex servidores públicos estatales y municipales.
“Tenemos claro y entendemos que en algunos casos, la protección y seguridad de ex funcionarios resulta ser necesaria, empero, esta necesidad debe ser plenamente justificada, pues debe acreditarse la extrema necesidad de contar con este beneficio”, sostuvo Hugo Varela Flores.
De acuerdo con el decreto, el gobernador del Estado, el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública y altos mandos de esta dependencia se les podrá otorgar la protección y seguridad personal al concluir sus funciones o al gozar de una licencia, salvo manifestación expresa del exfuncionario en la cual señala que no requiere de estos servicios y que no sean removidos de sus cargos por una causa grave imputable a ellos.
En estos casos, la protección se otorgará por un periodo no mayor a tres años, no obstante previo a gozar de este beneficio, la Secretaría de Seguridad deberá realizar el estudio de riesgo; lo mismo aplicará en el caso del presidente municipal y titular de la dependencia en la materia, pero el plazo será no mayor a un año y será la Dirección de Seguridad Pública la encargada de realizar dicho estudio.
