Por Eduardo Balestena
Las desastrosas noticias de lo sucedido recientemente en la población de Tepexco, Puebla, donde se presentaron linchamientos y homicidios por la propia población en contra de presuntos delincuentes, es una muestra de lo que se ha ido produciendo en los últimos tiempos y no sólo en Puebla, menos aun es algo característico de México o de América Latina. Se puede decir que esto es un reflejo global de nuestro tiempos, en los que, si bien pareciera que ahora somos más civilizados, es todo lo contrario: la ley del más fuerte, la ley del Talión, la venganza privada, la justicia por propia mano, etc. Parece que el sistema jurídico no está funcionando, como si las leyes y las instituciones del Estado fueran inoperantes y se requiriera una regulación más propia de la misma población y no tan oficial.
Pero estas muestras de impotencia por parte de la población respecto a los problemas de inseguridad, de hartazgo de la situación actual, de falta de oportunidades, de estar dejada a su suerte, es producto de un sistema al que poco a poco se le han disminuido sus competencias, sus atribuciones, y al que se ha puesto en una vitrina como algo inoperante, ineficaz y torpe.
Esto es muestra, pues, de lo que ha sucedido desde hace muchos años, de imposiciones para adelgazar al Estado y sus instituciones, por medio de las concesiones y autorizaciones para lo que anteriormente eran servicios públicos y ahora son servicios privados. Antaño no se hablaba de servicios de seguridad privada; hoy es una necesidad para el comercio y la industria. Lo mismo está sucediendo con el agua que se consume; normalmente, la que provenía del grifo era la que se utilizaba para beber y para la preparación de la comida; ahora se requiere agua embotellada. Y así nos podemos seguir con muchos más de los otrora servicios públicos.
El problema que se ha suscitado actualmente es que ese camino ha sido seguido, también, por los servicios de administración de justicia no oficiales. En el caso de las empresas y operaciones comerciales del mundo global, todo es llevado a cabo por el denominado arbitraje, que ya no se ajusta a los tribunales y jueces de un Estado; es el caso de las operaciones comerciales comunes, por organismos propios de la administración pública, dejando a un lado las instancias del Poder Judicial.
Tal es el caso de los organismos como la Profeco, la Profepa, la Condusef, etc., que son organismos que no tienen que ver con los tribunales y juzgados del Poder Judicial. Tal parece, pues, que eso mismo está sucediendo con estos casos tan preocupantes, salvajes y dramáticos, como ha sucedido con los linchados.
Todo eso ha sido un fenómeno. Es decir, aislarse de los tribunales y juzgados, tanto por las grandes empresas como por las entidades rutinarias comerciales, bancarias o de medio ambiente; o, por lo menos, no han salido a la luz pública.
Y resulta que es necesario que se haga un análisis respecto a cuál es la falta de confianza o el rechazo de la población hacia los organismo judiciales. Posiblemente se deba a su complejidad, a la excesiva carga de formalismos, a la lentitud de los procedimientos judiciales, o bien a su corrupción.
Sucede con los casos de robos, asaltos, persecuciones, homicidios, violaciones en colonias pobres, en las orillas de las grandes ciudades o en las poblaciones alejadas. No existe ni el arbitraje de la industria global ni, menos aún, los organismos puestos para resolver esos problemas.
Los organismo judiciales se han visto rebasados ante esa problemática; las formalidades y las leyes están muy alejadas de la realidad y, por ello, pareciera que se han estado conformando, desafortunadamente, una serie de regulaciones paralelas a las oficiales, con las que la propia población enfrenta el problema ante la torpeza de las instituciones.
Esto, desde luego, no es ni lo óptimo ni lo que debe suceder en Estados de derecho, porque estos Estados dejan de serlo. La reacción del Estado tampoco debe ser la de imponer más vigilancia, policías, autoridades, porque eso no resuelve el problema: a veces, lo contiene; en otras, impulsa más violencia.
La respuesta del Estado y sus instituciones tampoco debe ser la creación de más delitos y sanciones, porque eso provoca más violencia. En realidad, lo que se requiere es modificar desde el fondo el sistema, y no el sistema jurídico, sino el sistema económico que hoy nos rige y en el que no hay posibilidad de crecimiento para ningún ciudadano común por ningún lugar; en el que lo único que existe como esperanza es un empleo, pero de ninguna forma emprender un camino propio. Por ello, incrementar la seguridad pública sólo incrementa la inseguridad pública y mantiene un Estado mínimo y la inseguridad al máximo.
