Luego de que se registraron diversos saqueos y actos de rapiña en tiendas departamentales en algunos estados del país el gobierno federal decidió impedir que se repitan estos acontecimientos y, sobre todo, que se afecte a infraestructura clave para el desarrollo nacional, por lo que analiza la conveniencia de apoyarse en firmas de seguridad privada para afrontar de manera decidida este ilícito que vulnera el Estado de Derecho, según revela una circular que se hizo llegar a todas las secretarías de Seguridad Pública del país.
De hecho, la demanda de servicios privados de protección es cada vez mayor ante un clima de violencia que ha ido en aumento desde 2006, lo que fomenta la creación de empresas que se afanan en ofrecer su labor para el resguardo de áreas estratégicas, tanto públicas como privadas.
De esta manera la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabeza Alfonso Durazo, y las Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable (ASUME) firmaron un acuerdo de colaboración para enfrentar los saqueos que se realizan aprovechando el aislamiento social para frenar al COVID-19: el objetivo no solo es prevenir la rapiña y detener a los delincuentes sino lograr su consignación con todos los elementos jurídicos sustentados y evitar la impunidad.
Más todavía: un documento en poder de Vértigo revela que el secretario Durazo hizo un llamado a todas las secretarías de Seguridad Pública de los estados para que se coordinen con elementos de seguridad privada a fin de resguardar todas las áreas estratégicas del gobierno, que incluyen instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), depósitos de agua, hospitales y otras instalaciones e infraestructura vital para el desarrollo y la seguridad del país.
Cifras
De acuerdo con el Censo nacional de gobierno, seguridad pública y sistemas penitenciarios estatales, del INEGI, hasta 2019 se tenían registradas cuatro mil 102 empresas de seguridad privada, en tanto que en 2018 había tres mil 990.
ASUME indica que hay 600 mil empleos en el sector de la seguridad privada y existen ocho mil empresas a nivel nacional, por lo que el crecimiento del sector fue superior a 15% en 2019.
Según el estudio Seguridad en venta, retos y buenas prácticas en la regulación de las empresas militares y de seguridad privadas en América Latina, elaborado por Sarah Kinosian y James Bosworth, “la elevada y en algunos casos epidémica violencia criminal que afecta a gran parte de América Latina ha dado lugar a una floreciente industria de seguridad privada: más de 16 mil empresas privadas de seguridad y militares emplean a aproximadamente 2.4 millones de personas”.
De esta cifra concluyen que los guardias de seguridad privada superan en número a los agentes de policía en todo el mundo: de esa magnitud es la industria.
En el caso de México los investigadores resaltan la derrama económica ya que para 2019 representó casi mil 500 millones de dólares, 180% más que en 2012 y sin contar al sector informal, de las que se estima hay ocho mil que no están registradas ante las autoridades competentes, en este caso las secretarías de Seguridad de los estados.
Para las agrupaciones de empresas de seguridad privada las razones de este crecimiento son un tanto obvias: incluyen como factores el crecimiento poblacional, el desarrollo de negocios y la inseguridad.
Coordinación
El modelo factible de ser extendido a toda la República es un logro en todos sentidos, explica el presidente de ASUME, Armando Zúñiga Salinas, “porque es la primera ocasión que las organizaciones más representativas de la seguridad privada unen su esfuerzo como sector y también al de la policía para coadyuvar en la detención de algunos de los casi 100 detenidos que hay hasta el momento”.
Añade que “la coordinación que comenzó precisamente dos semanas atrás, con el inicio de los saqueos, se fortalecerá con la elaboración de protocolos de prevención, operación e investigación para cubrir todos los aspectos que deriven en consignaciones ante el juez, bien sustentadas, y sean también una señal de que no habrá puerta giratoria”, como una forma de inhibir estas acciones delictivas.
En el diálogo iniciado por la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) con el secretario Durazo, y para lograr la coordinación que permita parar los delitos en esta coyuntura y pueda extenderse a futuro, los empresarios de la seguridad en México pusieron a disposición de las autoridades de la capital a sus especialistas en ciberseguridad, guardias, centros de control, de videovigilancia, rastreo y localización satelital, entre otras disciplinas.
“Queremos enviar al país la señal de que, desde ASUME, realizamos todos los esfuerzos de coordinación para sumar acciones que permitan fortalecer la seguridad de las inversiones de nuestros usuarios en los sectores público y privado, sobre todo en esta etapa de crisis donde la seguridad de sectores estratégicos es de vital importancia”, agrega
Por ello, y gracias al apoyo del Consejo Coordinador Empresarial, puntualiza Zúñiga Salinas, “durante la ampliación de la declaratoria de emergencia sanitaria se dio a conocer que la actividad de los guardias de seguridad está considerada dentro de las actividades esenciales y deberán continuar su función”.
El presidente de ASUME, organismo promotor de la Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad (CNIS, que aglutina a las 32 asociaciones más representativas del sector), asegura que las tiendas de conveniencia y sobre todo los centros comerciales donde se expenden aparatos electrodomésticos son los más susceptibles de padecer la rapiña, siendo las pantallas de LED y los teléfonos celulares los más requeridos.
Una vez más, afirma, “demostramos que la industria de la seguridad es un sector estratégico que ha estado y estará siempre a su lado para unidos proteger a las familias mexicanas, su patrimonio y sus inversiones. Y desde nuestra área de acción contribuiremos a transitar esta contingencia en paz y seguridad, con una vocación y convicción de servicio a favor de México y su gente”.
Así, debido a la creciente inseguridad en el país los diferentes gobiernos estatales y el federal han creado diferentes cuerpos de seguridad, como los Cuerpos de Seguridad Auxiliar o la Policía Bancaria e Industrial, que realizan actividades de forma discrecional, que realmente deberían realizar empresas de seguridad privada, como vigilancia de entidades bancarias, inmuebles e infraestructura.
