Funcionaros explicaron que algunos de los efectos negativos de la prestación ilegal de servicios de seguridad privada son: el tráfico de armas, la venta ilegal de municiones y la promoción del crimen organizado; esto porque no existe un registro adecuado de las empresas, trabajadores y las armas de fuego que usan. Ministerio de Gobernación investigará a empresas de seguridad privada
Además, las autoridades de Gobernación señalaron que las empresas ilegales de seguridad crean una competencia injusta para las empresas autorizadas y ponen en riesgo la vida de usuarios porque contratan a personal operativo no calificado.
El Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada supervisará que las empresas legalmente inscritas cumplan con los derechos laborales de los empleados como prestaciones, descansos y pago de viáticos.
Un reportaje del Diario La Hora titulado Seguridad privada, el sector más denunciado ante el Ministerio de Trabajo señala que del 2016 al 2019 se presentaron 5 mil 834 denuncias; todas ante la Inspectoría General de Trabajo en contra de empresas de seguridad privada por incumplir con derechos laborales.
El texto señala que lo que más denuncian los guardias es el incumplimiento del pago de prestaciones laborales, de salarios y el cambio de condiciones de trabajo.
