A la Coparmex no le parece que se recorte el tiempo de respuestas de las empresas
Por Everardo Martínez
La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) emitió un dictamen preliminar sobre inspecciones a empresas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), reportó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Con este documento se pretende -entre otras disposiciones- reducir de 90 a 5 días los tiempos de respuesta de las empresas ante inspecciones y en el que no contemplaron las principales inquietudes del sector privado expuestas en la consulta pública, alertó la Confederación.
“Reiteramos que dicha modificación propuesta por la STPS en el anteproyecto ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento general de inspección de trabajo y aplicación de sanciones’ es excesiva pues convierte la obligación de difícil, a imposible cumplimiento”, apunta el organismo empresarial que preside José Medina Mora Icaza.
De recortarse los tiempos de respuesta de 90 a 5 días, se pone en riesgo la viabilidad de las empresas, pues se genera una sobrecarga adicional para atender las observaciones y así evitar multas y sanciones que, en el contexto de crisis económica actual, pone en entredicho si realmente la aplicación de la regulación generará mayores beneficios que costos, añade la Coparmex.
Es importante mencionar que en el periodo de consulta pública para esta disposición, se recibieron 25 comentarios por parte de la sociedad civil y el sector empresarial, mismos que una vez emitido el dictamen preliminar sobre el proyecto, la STPS está obligada a responder sobre los posibles impactos de la regulación.
Otros proyectos
Por otra parte, en el periodo que comprende del 3 al 9 de julio de 2021, la Coparmex observó el ingreso de 18 nuevos proyectos regulatorios a la Conamer.
De estos, uno fue clasificado como regulación con costo económico y/o social, por lo que tendrá un Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) y una consulta pública.
Dicha propuesta, enviada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene como objetivo establecer los requisitos y obligaciones que deben de cumplir todas aquellas personas físicas que busquen acceder a la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y fue catalogada como “AIR de impacto moderado”.
Consideramos que esta clasificación es correcta, debido a que contiene disposiciones que deben de cumplir los interesados en certificarse en la materia.
Es importante destacar que, debido a la temática que se regula, se trata de una disposición que abarca de manera transversal a varios sectores económicos, entre los cuales se incluye a comercializadores de vehículos, metales preciosos y bienes inmuebles, corredores públicos y notarios, agentes financieros, constructores, entre otros.
