La Secretaría de la Defensa Nacional anunció el 8 de septiembre que aplicara la Ley Nacional de Uso de la Fuerza contra personas –delincuentes y/o aliados– que ataquen a las fuerzas de seguridad. El boletín oficial fue el primer indicio de la participación legal de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

Pero el asunto va más allá: las fuerzas armadas en seguridad pública representan una nueva forma de actuación castrense, sólo que ahora apoyados en fundamentos constitucionales contenidos en el artículo Quinto Transitorio de la reforma que creó la Guardia Nacional. Hasta ahora las fuerzas armadas sólo apoyaban a policías en labores de seguridad pública en grado de seguridad interior, es decir, sólo cuando los delincuentes atentaban contra instituciones de Estado; a partir de esa reforma, los militares y marinos pueden realizar labores de seguridad publica en delitos de fuero común.

La decisión fue tomada por el plan con maña de los delincuentes: poner a personas sin armas a atacar a las fuerzas de seguridad. Sin policía entrenada, con la Guardia en proceso de organización y con policías locales rebasados por el crimen organizado, la sociedad iba a quedar a merced de los delincuentes. Ahí, en ese vacío de seguridad, operará desde ahora el ejército en seguridad pública legalmente autorizado.

El artículo Quinto Transitorio Constitucional lo dice con claridad: Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Esa decisión presidencial ya ha sido tomada y el ejército pasa a labores legales de seguridad pública. Hasta ahora las fuerzas armadas sólo apoyaban a policías en labores de seguridad pública en grado de seguridad interior.

El nuevo escenario de seguridad implica delitos de fuero común, ya no sólo de fuero federal. Para ello, el ejército está en una etapa de reequipamiento, logística y entrenamiento. En apoyo a la seguridad interior, las fueras armadas operaban con la capacitación acreditada para la seguridad nacional, es decir, como ejército con alto grado de letalidad ante las agresiones a la soberanía territorial y asumiendo a los adversarios como enemigos. Ante el carácter transnacional de los cárteles del crimen organizado y su armamento superior a la policía, sólo las fuerzas armadas podían hacer frente a los grupos armados delictivos. Sin embargo, ahora los grupos delictivos han creado escudos humanos o fuerzas de agresión formadas por personas articuladas a los criminales, como se ha visto en ataques a fuerzas armadas y guardias nacionales con piedras, palos y violencia agresiva. Y hasta los eventos recientes, las fuerzas armadas estaban equipadas con armas y entrenamiento de letalidad; de ahí la sensata decisión de no confrontarse físicamente con los agresores. Ahora habrá fuerzas armadas con armas de contención y respuesta, toletes, gas pimienta y actividades de arresto de delincuentes y aliados.

El grado de organización social de los grupos delictivos obligó al gobierno a pasar a la Guardia Nacional con capacidad de confrontación física; sólo que esa Guardia tardará cuando menos cinco años en profesionalizarse y quedar lista para las operaciones sobre el campo. El peligro estuvo en que el país no podía estar cinco años sin capacidad de respuesta de seguridad pública en delitos de fuero común por la baja calidad de las policías locales y la desaparición de la policía federal.

Ahí se tomo la decisión de invocar el Quinto Transitorio para crear fuerzas militares de seguridad pública, pero con entrenamiento, armamento y capacitación de seguridad pública; es decir, para enfrentar delincuentes no letales y sí al servicio del crimen organizado.

Las fuerzas armadas, por lo demás, ya tenían entrenamiento en posibilidades y limitaciones en temas de control de fuerza: leyes, reglamentos y protocolos para el uso regulado de la fuerza, disposiciones legales para no violar derecho humanos y el entrenamiento en el pasado de la brigada antimotines de la policía militar que fue pulida para evitar el uso de la fuerza como primer paso y su respectivo Manual contra Disturbios Civiles para negociar con activistas violentos que ha sido ejemplo de contenciones sin violencia de protestas sociales.

La nueva fase de los militares en labores de seguridad pública se sustenta en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 y sobre todo llena el vacío que dejó la decisión de desaparecer la Policía Federal y construir y profesionalizar a la Guardia Nacional. Para enfrentar suspicacias, el ejército ha aumentado en grado de entrenamiento y supervisión de sus efectivos en seguridad pública para evitar violaciones de derechos humanos.

 

Septiembre-octubre 2019