En México existen alrededor de 6 mil empresas dedicadas a la prestación de servicios de seguridad privada que emplean aproximadamente a 500 mil personas, señala el dictamen.
Por Fernando Damián
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 73 de la Constitución Política para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de regular a las empresas de seguridad privada.
Avalado con 332 votos a favor, 61 en contra y una abstención, el proyecto fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
De acuerdo con el dictamen, en México existen alrededor de 6 mil empresas dedicadas a la prestación de servicios de seguridad privada que emplean aproximadamente a 500 mil personas.
Sin embargo, más de mil 500 empresas no cuentan con permisos, lo que vulnera obligaciones tributarias, de prestaciones de seguridad social y traslada el costo al Estado, puntualizó Aleida Alavez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Palacio de San Lázaro.
La adición a la fracción XXIII bis del artículo 73 constitucional señala que la referida ley general deberá establecer las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional.
De igual forma determinará las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad privada y las autoridades federales, estados y municipios para la adecuada organización y funcionamiento como auxiliares de la seguridad pública.
El nuevoordenamiento definirá también la coordinación de las empresas de seguridad privada con las instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre.
Al fundamentar el dictamen en la tribuna parlamentaria, Alavez, subrayó que la reforma fue construida escuchando especialistas, servidores públicos, empresarios del ramo y un diálogo permanente con los legisladores de las bancadas representadas en la Cámara.
“Se logró un documento que atiende la necesidad de contar con una ley general que armonice y homologue procedimientos y la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los prestadores de servicios de seguridad privada en el país”, dijo.
Sostuvo que la reforma trata de brindar certeza tanto a los ciudadanos y a los tres órdenes de gobierno como a los particulares que los prestan, homologando criterios, requisitos, mecanismos de control y de vigilancia, evitar la aparición de empresas “patito” y de espacios para delincuencia.
