90% de empresas irregulares en 2019 ya iniciaron o están por concluir trámites para estar al día.

Por Adriana Saucedo

En el estado, al menos un total de 54 empresas de seguridad privada ofrecen servicios sin estar reguladas ante la Comisión Estatal de Seguridad, situación en aumento que se ha convertido en una problemática para las autoridades.

A través de una comparación entre la lista publicada en el Periódico Oficial de la Entidad el 3 de enero, y la cantidad de empresas de seguridad privada que promocionan sus servicios a través de diversas plataformas, se encontró que 54 compañías operan sin estar reguladas como empresas de seguridad, pues no aparecen en el listado del Departamento de Seguridad Privada.

“Es un monstruo y a veces nos sobrepasa”, dijo el inspector Marcos Aguirre Caraveo, jefe del Departamento de Seguridad Privada de la División Bancaria de la Comisión Estatal de Seguridad, respecto a la problemática de las empresas de seguridad privada que ejercen fuera de la ley.

Aguirre indicó que durante el 2019 se lograron regularizar un total de 185 empresas dentro del rubro de seguridad privada, además de mil 452 guardias certificados y adheridos a la base nacional, pues al recibir su acreditación pasan a integrarse dentro de la Seguridad Pública.

La regularización de las empresas de seguridad privada es de vital importancia para quienes contratan sus servicios, pues durante el proceso se verifican los no antecedentes penales y no policíacos de los trabajadores, como lo dicta la ley, a fin de garantizar la honorabilidad de quienes resguardarán los negocios y fraccionamientos.

“Es un monstruo y a veces nos sobrepasa”, dijo el jefe del departamento referente al incremento de empresas del mencionado rubro, cuyo avance es a medida de los requerimientos de la población, por lo que es difícil que la cantidad de inspectores actuales se den abasto para todo el estado.

Desde septiembre de 2018, el Departamento de Seguridad Privada adoptó una modalidad “amistosa” con las empresas que van surgiendo, con la finalidad de invitarlos a regularizarse, explicando el procedimiento, antes que sancionarlos y clausurarlos.

Sin embargo, pese a la invitación antes que la sanciones, el inspector indicó que existen empresas que hacen caso omiso y se niegan a cumplir con los requisitos que marca la ley a las personas que se dedican a la seguridad. “Hemos tenido casos donde no quieren entrar en regularización y es cuando llegan las sanciones, la clausura. Y si su cliente sigue contratando a los guardias de una empresa que ya fue clausurada, también se les aplica una multa”, explicó, y agregó que las multas van desde 100 a mil unidades de medida y actualización.

Aunque de acuerdo con Aguirre, el 90% de las empresas que se encontraron irregulares durante el 2019 pasaron a regularizarse o están terminando el proceso, por lo que se supone una incidencia de irregularidad baja, pero llegar a un número preciso en todo el estado es “improbable”.