Por Israel M. Campos Montes
Actualmente y por desgracia se le sigue viendo a los guardias de este sector económico —de la seguridad privada— como personas que sólo se dedican a registrar bitácoras y abrir puertas de los centros de trabajo, pero hoy en día con los avances tecnológicos y las nuevas áreas de especialización que existen para este nicho laboral, quienes se dedican a estas funciones basan su experiencia en evitar la comisión de algunos delitos, señaló Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).
En entrevista con Diario de México, Sapién Santos detalló que los elementos de seguridad privada ejecutan acciones que van desde la vigilancia en aeropuertos, donde impiden el ingreso de armas o artilugios punzocortantes, hasta el resguardo de los ciclos productivos —entiéndase dinero— de giros como los ferrocarriles, industria automotriz y tiendas departamentales.
“La seguridad privada es un pilar importante que, incluso sirve para evitar la comisión de delitos en espacios públicos”, acotó.
Cuestiona sobre regulación
Señaló que en México converge una ley federal y 32 estatales que no cuentan con una normativa de carácter homologado, lo que provoca que no haya una armonización en favor de las firmas que brindan este tipo de servicios.
“Este exceso de regulación ha traído como consecuencia la proliferación de empresas que trabajan en la irregularidad, pero también debemos reconocer que hay una normatividad que pareciera que está hecha de tal manera que sea prácticamente imposible cumplirla”, criticó Sapién Santos.
Indicó que la Ley Federal de Seguridad Privada data de 2006, pero que producto del cambio de las condiciones sociales y de inseguridad, dicha legislación se encuentra rebasada.
Agregó que parte de los alcances que quieren en la nueva legislación es que se transparenten las funciones de los centros de capacitación y que haya un registro de quienes son los elementos de seguridad privada, buscando con ello un monitoreo que permita la certeza de su trabajo, así como del armamento que algunos utilizan.
Con base a datos del CNSP, se estima que en el país hay entre 6 mil y 7 mil 500 empresas de seguridad privada, de las cuales sólo 2 mil o 3 mil tienen un permiso federal, las demás sólo pueden operar de forma estatal, sin embargo, existen otras 200 mil que no cumplen con ninguna regulación.
Van por prestaciones sociales
Sapién Santos dijo que debido a las anomalías con las que operan algunas compañías de este sector, muchos guardias son desfavorecidos en el ámbito de no tener acceso a las prestaciones sociales como el servicio médico, un salario digno y todas aquellas que están contempladas en la Ley Federal del Trabajo, por lo que insistió en la necesidad de una normativa nacional.
Refirió que como parte del apoyo que buscan con el gobierno federal, el sector privado fungiría como un aliado, ya que pesar de que la seguridad pública tiene distintos ejes de acción, ellos podrían realizar un intercambio de información en delitos específicos como el robo a cuentahabientes o sucursales bancarias.
Además dijo que al regular el empleo de los aproximadamente 500 mil elementos a nivel nacional, las autoridades darían certeza a los trabajos directos que se generan por este medio y así salvaguardar sus derechos laborales.
