Por Germán León
Guanajuato, Gto. Para el siguiente año, el Gobierno del Estado cobrará poco más de cuatro mil 600 pesos a las empresas de seguridad privada que quieran una capacitación de su personal.
Se trata de un nuevo derecho que establece la Ley de Ingresos 2020 para el Estado de Guanajuato, aprobada por el Congreso local, la capacitación se brindará a través del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (INFOSPE).
Además, se contempla el cobro de 302 pesos para la expedición de constancias de profesionalización a empresas de seguridad privada.
La diputada de Morena, Magdalena Rosales Cruz pidió que ambos cobros fueran eliminados, al denunciar que son un agravio para los particulares, ya que se les está transfiriendo la obligación del pago por un servicio público que le compete al estado.
“Las empresas de seguridad privada contratadas por los ciudadanos, trabajan de manera auxiliar y complementaria con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, otorgando un servicio que le corresponde indudablemente otorgar al estado, tal como lo mandata la Constitución Local en su artículo 11 el cual señala que la seguridad pública es una función a cargo del estado y los municipios”.
La legisladora reconoció que es necesario capacitar a cualquier elemento, de seguridad ante los altos niveles de delincuencia por la que atraviesa la entidad.
Sin embargo, Magdalena Rosales denunció que seguridad privada contratada por los ciudadanos, otorga un servicio el cual el estado tiene la obligación de garantizar.
“Si bien es atendible la preocupación por certificar los servicios de seguridad privada atendiendo al grave problema de inseguridad que se ha desatado en todo el estado y nos ha llevado a encabezar las listas nacionales de índices delictivos desde el año pasado, registrando este 2019 los niveles más altos en homicidios dolosos, desapariciones, extorsiones, asaltos y robos a casas habitación, solo por nombrar algunos, no consideramos viable dichas tarifas”.
La propuesta realizada por la legisladora de Morena, no fue aprobada por el pleno del Congreso local.
“Establecer tarifas por los conceptos anteriormente aludidos resulta un agravio a los particulares ya que con esto se les transfiere la obligación del pago por un servicio público que debería de garantizar el Estado, es decir, estamos pagando la ineficacia de las autoridades”.
