La Secretaría de Seguridad Pública de Baja California clausuró cinco empresas de seguridad privada, éstas prestaban su servicio sin cumplir con la normatividad establecida para su operación, tenían guardias que no se encontraban registrados ante el Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública y tampoco les solicitaron carta de antecedentes penales.

Otra anomalía detectada fue que algunas empresas cambiaron de domicilio sin haberlo notificado, lo que es considerado para la suspensión del servicio. Las empresas fueron clausuradas de manera definitiva debido a que las faltas detectadas son consideradas graves. También fueron sancionadas otras 45 empresas que no cumplían con el reglamento para su correcta operación.

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