El Consejo Nacional de Seguridad Privada busca que se realice un registro nacional de compañías que ofrecen este servicio y se transparente cuántos policías colaboran con ellas.
El Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) espera que el gobierno federal realice una reforma constitucional para llevar un registro nacional y regularizar a todas las empresas de seguridad privada en México, dijo Raúl Sapién Santos, presidente de la agrupación.
Sapién Santos destacó que esto forma parte de las pláticas entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la finalidad de llevar un registro nacional y alinear a los estados y municipios.
“Se busca llevar un registro nacional de empresas dedicadas al ramo, también al número y tipo de armas que poseen y los elementos (personal) que laboran con ellos, además de que se transparente el recurso de policías auxiliares que realizan funciones de seguridad privada, porque estos últimos resultan una competencia desleal”, aseguró Raúl Sapién, en entrevista con El Financiero.
Actualmente, comentó, que cada estado y municipio tienen sus propios permisos y regulaciones, lo que permite el auge de empresas ilegales que no cumplen con las normas de seguridad más importantes para prestar este servicio.
Entre 2010 y 2018 el valor de mercado de la seguridad privada pasó de 140 mil 540 millones de pesos a 367 mil 409 millones de pesos, lo que significó un crecimiento promedio anual de 13.2 por ciento en los últimos ocho años y un alza acumulada de 161 por ciento, de acuerdo con estadísticas del CNSP.
Con esta cifra este sector pasó de representar 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a 1.5 por ciento, en los últimos ocho años.
“Más que crear un marco regulatorio es limitar un sistema sobre regulatorio y que no da certeza jurídica a las empresas. Debe hacer una reforma de carácter general y adecuada a la estrategia del gobierno de combatir la corrupción”, destacó el presidente de la CNSP.
El pasado viernes, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), informó que el sector privado y gobierno federal se pusieron de acuerdo sobre el contenido de la reforma a la Ley de Seguridad Privada.
“No se encontraba la manera de hacer una reforma legal para que todo el tema de seguridad privada tuviera una orientación a nivel nacional. Creo que ya lo logramos”, dijo el empresario.
Para 2020, empresarios del sector de seguridad privada prevén un alza en la violencia ante un entorno de cautela económica.
Jonathan Orjuela Núñez, presidente de la Comisión de Vidrios Blindados del CNIB, dijo en un comunicado que las afectaciones a las economías suelen acrecentar los índices de violencia al interior de los países.
