Armando Zúñiga Salinas estimó que con la Ley General de Seguridad Privada, aprobada por el Senado de la República, se le dará certeza a este sector.
Por Rubén Torres
Con la Ley General de Seguridad Privada, aprobada por el Senado de la República, que fiscalizará a 8 mil compañías de ese ramo en el país, con un padrón de unos 600 mil trabajadores, se puede concretar el Registro Único de Empresas, Personal y Equipo, lo que dará certeza al sector, estimó Armando Zúñiga Salinas.
El presidente de Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (Asume), explicó que con la expedición de la Ley se sumaron los Congresos de Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas y Ciudad de México.
Sólo las Legislaturas de Guanajuato y Querétaro la votaron en contra, y faltarían 12 entidades más en pronunciarse, en caso de ser voto favorable se traducirá en mandato constitucional, y Asume seguirá trabajando en la creación de una norma moderna que dé orden y certeza jurídica al sector.
“La aprobación de esta reforma constitucional representa un avance central para nuestro sector en el objetivo por terminar con la existencia de leyes locales tan disímbolas unas de otras, e incluso opuestas entre sí, que en la mayoría de los casos hoy provocan corrupción y extorsión”, resaltó Zúñiga Salinas.
Para el presidente de Asume esto significa un paso adelante para que “como prestadores de servicios puedan tener una coordinación con las instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia y desastres, pero la parte fundamental es que permitirá establecer en una ley secundaria las competencias a los tres ámbitos de gobierno. Se podrán unificar los procedimientos de control y homologar la normatividad en todos los estados”.
En este proceso Zúñiga Salinas destacó el trabajo del Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras Industriales, Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Congreso de la Unión.
Dijo que Asume ha sido promotora de legislar en torno a este sector por “la aparición de empresas que operan en la informalidad y ofrecen servicios de baja calidad, condiciones laborales poco dignas y desprestigian al gremio. Es un círculo vicioso que la reforma constitucional por los Congresos locales ayudará a debatir”.
